Un país que no se respeta a sí mismo tiene un futuro más bien negro, y ese respeto lo tienen que protagonizar los ciudadanos pero, sin duda alguna, también los representantes políticos y las instituciones.
La última decisión del TC tiene que ver con el recurso presentado por algunos parlamentarios sobre la fórmula de juramento o de promesa de la Constitución a la hora de tomar posesión como diputados.
El antecedente es que en 2019 algunos diputados, a la hora de prometer acatar la Constitución, lo hicieron diciendo unas cuantas boutades, unos prometieron que lo hacían por la República Catalana, otros por el Planeta, ... En fin, ni siquiera como boutade tiene gracia, ya que si a los interfectos no les gusta la actual Carta Magna pueden utilizar sin más la fórmula de la «promesa» por imperativo legal.
Prometer acatar la Constitución no supone que no se discrepe de ella y que se aspire a reformarla o incluso derogar y elaborar otra nueva ya que la Constitución no es una piedra sagrada sino un conjunto de leyes. El acto de acatamiento simplemente supone que aceptas las reglas del juego democrático recogidas en el texto constitucional en que además se incluye como reformarlo de arriba abajo.
Por tanto, si un diputado o senador electo es republicano, acatar la Constitución no supone que se tenga que convertir en monárquico sino que simplemente acepta un texto legal respaldado democráticamente por la mayoría de los ciudadanos que votaron a favor de la Carta Magna y naturalmente el diputado en cuestión está en su derecho de intentar modificar el texto constitucional o conseguir que se elabore una nueva Constitución.
De manera que acatar la Constitución es eso, acatar una ley que no tiene porque ser para siempre pero que es la que permite la organización democrática de la sociedad.
Si sus señorías no se toman en serio su función difícilmente pueden esperar del resto de los ciudadanos que les tomen en serio a ellos.