En ocasiones, por desgracia no muy a menudo, conocemos noticias que le hacen a uno recuperar la esperanza en el espíritu de la Transición, cuando era posible el entendimiento entre las principales fuerzas políticas por el bien de los ciudadanos. El pasado jueves se aprobó en el Congreso de los Diputados la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2023, que incluye un apartado específico de medidas fiscales en aplicación del Régimen Especial de Balears.
El REB ha sido un éxito de toda la sociedad balear. Evidentemente unos han trabajado más que otros –porque cada uno tiene su misión– pero en el ámbito de la sociedad civil merece una mención especial la labor del Cercle de Economia, que ha sabido liderar durante años un movimiento civil en favor de esta reivindicación más que justa de nuestra comunidad.
Los partidos políticos mayoritarios, PSOE Y PP, han trabajado de manera discreta pero firme para conseguir que el Gobierno central –tan poco dado a la generosidad con las regiones periféricas menos «influyentes» con sus votos en la política nacional– haya aprobado estas medidas. No debemos olvidar que el actual REB en realidad supone un segundo REB, porque el primero quedó en agua de borrajas por su falta de aplicación.
Son muchos los expertos y altos cargos de diferente color político que en las últimas legislaturas han desarrollado un gran trabajo. Pero merece un reconocimiento especial el economista Guillem López Casanovas por, como dice él, «su trabajo comisionado sin comisión».
Sin embargo, la dicha casi nunca es completa. Se establecen unos incentivos fiscales para Balears similares a los concedidos a regiones ultraperiféricas como Canarias (que, por cierto, protestó). Pero ¡oh, sorpresa! nos endosan la regla de minimis que limita la deducción a una cifra anual máxima. Dicho en «román paladino», la deducción destinada a reserva de inversión está topada con una cantidad máxima de 200.000 euros por empresa a lo largo de un período de tres años. Este techo no se contempla para Canarias en sus incentivos regionales por ser región ultraperiférica.
Ahora toca otra vez ponerse a remar todos juntos para conseguir que el principio básico general de las deducciones fiscales se aplique íntegramente a la reserva para inversiones en las Illes Balears, sin que se vea topado por la regla de minimis.
De nuevo es necesario un acuerdo entre los partidos mayoritarios de Balears para exigir lo que nos toca en justicia, tanto ante el Estado español como en Europa. Argumentos haylos, pero como decía alguien «en Madrid nos ven como payeses ricos que han hecho fortuna vendiendo su tierra». Lo que cabría añadir es que estos «payeses» son de una extrema generosidad porque comparten con el resto del Estado sus recursos económicos, aportando unos nada desdeñables ingresos tributarios al Estado. Estoy seguro de que a las empresas de Balears les gustaría seguir siendo solidarias, pero también desean que lo que aquí se produce aquí se pueda reinvertir.