Lo malo de la politización es el choque de intereses partidistas. Pero nada tiene de malo, sino todo lo contrario, utilizar la política para responder a una demanda social: proteger a las mujeres de los delincuentes sexuales, en su doble versión de abusadores y agresores que ahora quedan unificados en una sola figura: agresión. Y esa es la madre del cordero, porque la pena mínima que se fija para los casos más leves, o menos graves (debido al uso o no de la violencia o la prevalencia) es ahora menor de lo que era antes también para los casos más leves de abusos.
Ahí tenemos el resquicio principal por el que se revisan condenas. Caso por caso. No es verdad que la revisión a la baja se haya generalizado. Lo que sí es verdad es que cada juez, o cada tribunal, lo está interpretando de manera distinta. De ahí que los juristas y la parte socialista del Gobierno apuntan a que tribunales y fiscales unifiquen criterios o se revise la ley para reducir o eliminar el margen interpretativo que tiene un juez.
Es una conducta calificada de «soberbia ideológica» por el socialista García Page, presidente de Castilla La Mancha, en alusión a las acusaciones sobre el supuesto «machismo» de los jueces. Lo que en lenguaje canónico vendría a ser falta de «perspectiva de género». Como si no estuvieran preparados para asumir que el hemisferio femenino de la población debe ser protegido frente a las inclinaciones del hemisferio masculino.
En esto no rema sola la ministra Montero (Irene). Sus compañeros y compañeras de Podemos, empezando por el líder en la sombra, Iglesias Turrión, acusan a los jueces de incumplir la ley. En unos casos, por mala fe, según el cantable podemita. Y en otros, por incompetencia, lo cual es como acusar al obispo de desconocer el padrenuestro. El caso es que se ha embarrado el debate y nadie sabe cómo vamos a salir de un conflicto que desborda a la ministra porque mete en el charco a los tres poderes del Estado.