Ahora sabemos que la prolongación del plazo para presentar enmiendas al proyecto de la llamada ley trans, en contra del espíritu inicial de llevarlo por la vía rápida, responde al muy fundado temor de que la llamada ‘autodeterminación de género', tal y como viene contemplada en el proyecto, produzca un efecto desmovilizador del voto femenino en el electorado socialista. Esa voz de alarma ha sonado entre las voces más caracterizadas en las filas de feminismo vinculado al PSOE. Están muy de acuerdo con la decisión de Moncloa de no legislar con prisas en un asunto de tanto calado.
No solo a la luz de postulados históricos del feminismo forjados en torno al objetivo igualitario hombre-mujer, sino también a la luz del sentido común, donde no encaja que la protección de muy pocos se utilice como excusa para socavar los derechos de muchas y muchos. O sea, hacer compatible el arropamiento de una minoría (personas trans) y preservar las conquistas de una mayoría (feminismo).
Todo eso debería arrinconar los posibles efectos de la controversia en la coalición balcánica que nos gobierna. Bien conocida son las discrepancias entre el PSOE (no solo su componente feminista) y sus socios de Unidad Podemos. Aquí van de la mano la vicepresidenta Díaz y la ministra Irene Montero, cuando expresan públicamente la sospecha de que Sánchez ha decidido meter el proyecto en la nevera. Me parece muy acertada la decisión de tomarse un tiempo, antes de llevar al BOE la normativa sobre el fenómeno, para escuchar a los expertos en el cuerpo y el alma del ser humano. No solo a los diputados y senadores llamados a votar. Sobre todo, en lo tocante al hecho de que una persona pueda decidir sobre su sexo y su género (con hormonación y cirugía de por medio) en la época inmadura de su evolución. Algo en lo que el PP y el PSOE van de la mano, como se ha demostrado en la Mesa del Congreso al prorrogar el tiempo previsto de tramitación.