El Gobierno y los agentes sociales se emplazaron ayer a mantener futuras reuniones para seguir negociando la reforma de las pensiones. Concretamente, la subida progresiva de las bases de cotización, la pensión máxima y el periodo de cómputo para el cálculo de la jubilación. Su cuantía se ha visto mermada porque los últimos años de cotización no son los mejores, lo que afecta a uno de cada tres afiliados a la Seguridad Social, según los cálculos del Gobierno. El ministro de Inclusión y Seguridad Social, José Luis Escrivá, apunta a la elevación «suave y gradual» de la pensión máxima, y, de forma simultánea, la base máxima de cotización así como el método para calcular las pensiones. Todo ello con el propósito de garantizar la sostenibilidad del sistema. El aumento de la base máxima y de la pensión forman parte del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia remitido por el Ejecutivo central a Bruselas para cumplir los objetivos de los fondos Next Generation UE.
«Pequeños ajustes» del ministro Escrivá
La Comisión Europea ya instó al Gobierno PSOE-Podemos a modificar el número de años para el cálculo de las pensiones para ampliar el periodo y suavizar el impacto de las nuevas jubilaciones sobre el gasto y la deuda pública. El ministro Escrivá descartó ayer que se vaya a ampliar de 25 a 35 años el periodo para determinar la cuantía de la jubilación, pero apuntó «pequeños ajustes» para mejorar la equidad.
Acabar con la incertidumbre
Es preciso acabar, cuanto antes, con la incertidumbre sobre la reforma del sistema de pensiones, teniendo en cuenta que la edad legal se sitúa hoy en 66 años y dos meses, y que los fondos de pensiones privados se desinflan por el recorte de los beneficios fiscales, erosionando la jubilación de tres millones de ahorradores. Se trata de afrontar el déficit de un sistema que en los próximos años deberá afrontar una avalancha de jubilaciones, lo que implicará más aportaciones y menos prestaciones.