Creíamos que en la política española lo habíamos visto todo. Pero no era así. Nos faltaba un ejemplo de sinceridad, un acto que por su rareza llama la atención. Sabíamos que, urgido por la parvedad de la representación parlamentaria del PSOE y necesitado del voto de los separatistas para mantenerse en La Moncloa, Pedro Sánchez había indultado a los líderes del ‘procés' condenados por el Tribunal Supremo por sedición tras el intento de golpe de 2017. Aquellos hechos vuelven a la actualidad tras admitir el Supremo a trámite los recursos contra los indultos que previamente había rechazado.
Presumiblemente no cambiará la situación. Pero la novedad, como digo, es que el Gobierno, por boca de su portavoz, la ministra Isabel Rodríguez, ha reconocido que los indultos fueron un cuestión de ‘utilidad pública'. Fueron concedidos –han sido sus palabras– «en aras de la convivencia». La intrahistoria, la ‘utilidad' que había llevado a Pedro Sánchez a conceder indultos a los condenados por sedición era bien conocida, pero al relato le faltaba la guinda que en este caso corona la sinceridad de la ministra. Sánchez hizo uso de la prerrogativa que asiste al Gobierno para conceder indultos y lo hizo en clara correspondencia al apoyo de ERC que permitió al Gobierno aprobar los Presupuestos.
Puesto que el paso del tiempo tiende a diluir el perfil de los hechos, conviene recordar que el líder de este partido separatista, Oriol Junqueras, era el condenado por sedición sobre el que había recaído la condena de prisión más abultada. Trece años. Estas cosas pasaron pero no hay que olvidarlas. La descarnada admisión de qué los indultos fueron una cuestión de ‘utilidad' ha venido a corregir el relato oficial que hasta ahora los presentaba como un acto de generosidad en «aras de la convivencia» y no como lo que en realidad fueron: un puro y duro acto de reciprocidad –do ut des– entre los separatistas y Pedro Sánchez. Las cosas como son.