Joxean Lasa y Joxi Zabala fueron las primeras víctimas de los GAL (Grupos Antiterroristas de Liberación). Según consta en sentencia firme, en 1983 fueron secuestrados por miembros de la Guardia Civil, fueron torturados en el Palacio de la Cumbre en Donosti y, viendo cómo les habían dejado, el general de la Guardia Civil Enrique Rodríguez Galindo, ordenó que los asesinaran e hicieran desaparecer sus cuerpos. Los guardias civiles que los llevaron a Alicante les obligaron a cavar su propia fosa, les dispararon en la cabeza y les enterraron en cal viva. Sus cuerpos aparecieron dos años más tarde, pero, a pesar de los evidentes signos de violencia que presentaban, no se inició ninguna investigación ni fueron identificados hasta 1995, doce años después de su secuestro.
Estaban acusados de pertenecer a ETA. Nunca fueron juzgados. Los asesinaron antes. Pocos meses después de llegar Felipe González al poder, los GAL empezaron a asesinar. La mayoría de sus asesinatos han quedado sin juzgar ni resolver. Los que se juzgaron, como el de Lasa y Zabala, no han hecho más que demostrar que en este país, además de la ‘guerra sucia' que se practicó desde el Gobierno, ha existido una ‘justicia sucia' practicada por jueces y magistrados que se han negado sistemáticamente a investigar y juzgar las denuncias de torturas, a pesar de las repetidas condenas a España por parte de tribunales como el Europeo de Derechos Humanos, la última de 2021. De los 71 años a los que Galindo fue condenado por el secuestro y asesinato de Lasa y Zabala solamente pasó cinco en la cárcel. La última muestra de esta ‘justicia sucia' practicada impunemente en España desde hace décadas ha sido que la Audiencia Nacional solicite a la madre de Joxi Zabala, a sus 91 años y tras haber tenido que vivir doce de ellos con la desaparición de su hijo a cuestas y más de veinticinco sabiendo cómo le torturaron y asesinaron, que pague ahora los 9.256,02 euros de las costas del abogado del Estado.
Lo más sangrante no son los más de 9.000 euros, que también, sino el hecho de que correspondan a la desestimación de su reclamación judicial para que su hijo fuera considerado víctima de terrorismo. Que fuera secuestrado, torturado y asesinado por miembros de la Guardia Civil y que haya sentencia en firme que prueba esos hechos no es suficiente para que Joxean Lasa y Joxi Zabala sean considerados en este país víctimas de terrorismo. Para nuestra justicia no existe el terrorismo de Estado, ni la ‘guerra sucia', ni la tortura practicada impunemente en buena parte de nuestra democracia.