El Gobierno español es el único que reconoce que le han espiado e incluso cuantifica la magnitud de la intrusión. No es lógico que un país muestre la vulnerabilidad de sus comunicaciones entre los dirigentes del mismo. Pero resulta que todo vale para minimizar el presunto espionaje a los independentistas catalanes, por muy legal que fuera. Este ir al revés de la lógica no es la excepción, sino la regla en todo lo relacionado con el asunto Pegasus. Si no, ¿cómo se entiende que la mMinistra de Defensa y la directora del CNI tengan que dar explicaciones a Bildu. Junts, CUP y ERC? Es decir, el Estado humillándose ante quienes precisamente quieren destruir el Estado.
Pero hay más en esta historia de contradicciones. El propio Gobierno –al menos una parte de él, la de Unidas Podemos– pide que rueden cabezas del mismo Ejecutivo del que forman parte. Y lo curioso, además, que sea la oposición y no los aliados del Gobierno quien salga en defensa de la labor gubernamental en este caso, amparado, para más inri, en el secreto de Estado. O sea, que nos hemos instalado de hoz y coz en un mundo político al revés de los usos habituales en cualquier democracia parlamentaria y de las coaliciones legislativas al uso.
Como la contradicción en que estamos instalados, además de evidente es exponencialmente creciente, no parece que pueda durar mucho más una legislatura que va contra la propia dinámica parlamentaria.
Por eso, por mucho que se empeñen sus protagonistas en lo contrario, cada día que pasa estamos más cerca de unas elecciones que al menos servirán para aclarar las cosas.