Ayer volvió a quedar sobre la mesa de la Comisión de Medio Ambiente los proyectos de las canteras de sa Garrigueta y Can Rosselló. El Ayuntamiento de Palma insistió en la negativa unánime de la ciudad (gobierno municipal, oposición y organizaciones ciudadanas) a aceptar los proyectos. Aludió de nuevo a la inviabilidad de estos porque los números no cuadran: ni hay suficiente material para reconstruir la montaña, ni la carretera puede soportar 11.000 camiones de 24 toneladas durante 30 años, prorrogables, ni hay capacidad administrativa para controlar los vertidos de cada camión. Entonces, ¿por qué desde el Govern balear se insiste en pedir más y más informes y en justificar lo inviable?
Pues sencillamente, porque los números no cuadran desde la perspectiva de proyectos de rehabilitación de canteras, pero son perfectos desde el punto de vista de dos negocios millonarios de explotación de residuos: un vertedero a largo plazo y una planta de clasificación como competencia de la empresa pública MAC Insular.
El problema es que estos negocios son absolutamente incompatibles con la vida de los barrios y de la población del entorno. Por eso, la decisión política tendrá que dejar de parapetarse detrás de una montaña de informes técnicos, llenos de contradicciones entre los datos y las conclusiones, y decidir si prevalecen los intereses lucrativos de dos empresas privadas o el interés general del vecindario y la ciudad que dicen: rehabilitar sí, negocio de residuos ni durante 30 ni 10 ni 5 años.