Los dos principales partidos han acordado una serie de nombres para renovar algunas de las instituciones que llevaban años bloqueadas: Defensor del Pueblo, Tribunal de Cuentas y Tribunal Constitucional. Lo han hecho en un pispás una vez se pusieron a ello y lo han resuelto como toda la vida: tú a los tuyos, yo a los míos y solucionado. Les falta el Consejo General del Poder Judicial donde los socialistas dicen que los ‘populares' no quieren porque así sigue en marcha el que se eligió con Rajoy, lo que deja traslucir que lo que escuece es eso. Los ‘populares' dicen que quieren despolitizar el órgano y que o se reforma, o no lo renuevan, como si la ley actual no fuera cosa suya con mayoría absoluta. Encima de la mesa no se ha puesto ningún tipo de reflexión sobre el resto de organismos que sí se han podido pactar, como si no fuera igual de malo el cambio de cromos en el Constitucional que es el que en la práctica pinta algo. El Defensor del Pueblo no se sabe lo que es desde hace décadas más allá del relumbrón.
El Tribunal de Cuentas avanza en el tiempo más lento que las temporadas de la serie Cuéntame y, a estas alturas debe estar analizando las cuentas de la UCD, el CDS o UPyD. Se ignora por qué el partido de la oposición considera que es imprescindible despolitizar el Consejo pero no el Constitucional y los motivos por los que PSOE no ve razones para intervenir en ninguno de ellos. Ante la próxima sentencia de este tribunal que no le guste a alguno de ellos, la formación perjudicada podrá alegar que son magistrados politizados. Lo de que las instituciones son importantes para que todo funcione bien es algo que en política se entiende solo cuando se está en la oposición o cuando uno se ha retirado. El que está en el poder confía más en su infalible desempeño. Mientras, la ciudadanía no cree en esos organismos con razón y así nos luce el pelo.