La prohibición de los pisos turísticos en Palma en 2018 debía ser el impulso de un mercado de alquiler asequible para los ciudadanos, una herramienta para conseguir que, sobre todo los jóvenes, tuviesen acceso a una vivienda digna. Por fin los insaciables propietarios de pisos turísticos deberían poner sus inmuebles al servicio de los ciudadanos a precios asequibles, además de conseguir, por supuesto, que hubiese menos turistas en las calles de Palma, que como todo el mundo sabe, colapsan las calles y especialmente llenan las terrazas de los bares en detrimento de los palmesanos.
Pues bien, tres años después aquella prohibición de pisos turísticos no ha conseguido reactivar ni un ápice el mercado de alquiler y los jóvenes solo tienen una oportunidad para emanciparse: alquilar una habitación o compartir un piso con otros jóvenes. Sin posibilidad para adquirir una vivienda, otros jóvenes se ven obligados a seguir en casa de sus padres.
La segunda oportunidad para conseguir pisos de alquiler más baratos fue la pandemia, algo que no ocurrió, pero ahora ya avisan que muy pronto estallará una nueva burbuja inmobiliaria y los precios seguirán disparándose. Para temblar.
Como suele ser habitual cuando interviene la Administración, en este caso el Ayuntamiento de Palma, la regulación no ha tenido ningún efecto positivo en el mercado. Por el contrario, la normativa aprobada era otro truño legislativo que ha sido tumbada por los jueces, lo que tampoco debe sorprender a nadie
Sin pisos asequibles y la posibilidad de que vuelva la actividad de las viviendas turísticas en edificios, con todo lo que ello supone, lo único que tenemos claro ahora mismo es que nuestros responsables municipales han demostrado, de nuevo, su incompetencia y, además, que no respetan ni las decisiones judiciales cuando no les benefician. La concejala de Model de Ciutat i Habitatge Digne, la nacionalista Neus Truyol, ha dicho que la sentencia sobre los pisos turísticos es «neoliberal» y «peligrosa» porque su objetivo, ha reconocido, es evitar la «turistización» de la ciudad. Al leer estas declaraciones llegué a la conclusión de que Truyol es jurista de formación, pero al comprobar su currículum en la página web de Cort queda muy claro que la edil estudió en Barcelona, pero no Derecho sino Sociología, «donde se implicó en colectivos y movimientos sociales de la izquierda radical, alimentando el espíritu crítico y reivindicativo, entre casas okupadas y asambleas, un espíritu que no ha perdido, preocupada por las cosas que pasan y buscando iniciativas comunitarias y emancipadoras para construir alternativas al modelo capitalista». El currículum añade que también ha vivido en Madrid, pero no consta si allí okupó viviendas.
Por lo tanto, queda claro que la concejala de Model de Ciudad tiene un pasado okupa o simpatiza con estos movimientos hasta el extremo de incluirlo en su currículum público, que es lo mismo que poner a un pirómano al frente de los bomberos o un analfabeto dirigiendo la Concejalía de Cultura.
Ahora mismo no sé si me preocupa más que la responsable de vivienda de Palma sea una antigua ‘okupa' o que un centenar de propietarios de pisos vuelvan a alquilar sus propiedades a turistas, que además gastarán parte de su dinero en comercios, bares y restaurantes en lugar de ensuciar las paredes con grafitis, si es que queda algún espacio libre para poder hacerlo. Por si no fuera suficiente la situación actual, Truyol aspira a ser alcaldesa de Palma.