La factoría Iván Redondo acuñó la semana pasada una nueva consigna con la que revestir el oportunismo de Pedro Sánchez con el asunto de los indultos de políticos catalanes sediciosos que, oh casualidad, forman parte de dos de los grupos políticos imprescindibles para mantener al madrileño en La Moncloa.
La revelación del gurú socialista, dispuesto a ‘tirarse por un barranco' por su jefe, es que la aplicación del Código Penal a los reos de un delito no es ya una cuestión de justicia, sino de venganza y revancha. Produce pasmo que el presidente de un gobierno democrático sea capaz de afirmar y repetir una y otra vez que la Constitución española no ampara la venganza para justificar los indultos de quienes proclaman sin ambages que volverán a delinquir. Los jueces, incluida Margarita Robles y, en menor medida, Fernando Grande-Marlaska – hooligan de la causa sanchista– deberían escandalizarse, pero en este país ya no nos sorprende nada, y menos las mentiras y disparates del sujeto que manda.
Lo cierto es que el derecho penal, comenzando por la bíblica ley del talión, es un intento de suplir la venganza de la tribu por un castigo proporcionado al crimen cometido y, más modernamente, con una finalidad de reinserción social del delincuente, que obviamente ha de querer ser reinsertado, una vez asumida la justicia de la pena que cumple.
Por tanto, el carácter intrínsecamente punitivo de ese derecho nada tiene que ver ya con la venganza colectiva, al menos en nuestro entorno.
Como Sánchez estudió económicas, y no derecho, se permite decir estas salvajadas sin sonrojarse.
Biel Company se despidió elegantemente en el Parlament, pero no fue correspondido. La frialdad y falta de empatía de Francina Armengol es hija del sectarismo y del desprecio que los profesionales sienten por ‘amateurs' de la política como el empresario santjoaner. Pero pintan bastos para la izquierda, porque la nueva lideresa pepera, Marga Prohens, sabe qué se juega en el envite y va a ir a degüello. Armengol añorará la elegancia de Company.
El atraco eléctrico perpetrado por el Gobierno central va a dejar muchas víctimas, entre ellas, el sector educativo concertado, al que el Govern mantiene el importe de las asignaciones para gastos de funcionamiento con valores de 2008. Solo el incremento de la factura eléctrica en los últimos 15 años es de un 152 % en el tramo fijo y de un 61 % en el tramo variable. Ello, sin contar con que los colegios han sido obligados a desdoblar aulas con ocasión de la pandemia sin haber percibido ni un céntimo por ello.
Es una absoluta desvergüenza, pues, que el Govern, a lo máximo que se comprometa es a constituir una ‘mesa de estudio' un año después de aprobada la Ley Educativa de Martí March , que acaba de entrar en el Parlament sin consenso previo de ninguna clase. También lo es que el Síndic de Comptes esté tan preocupado por lo que los colegios concertados cobran por sus actividades extraescolares y servicios, mientras olvida que ya en 2012 su sindicatura recomendaba actualizar el importe de la partida de gastos de funcionamiento.
¿Memoria selectiva? Se trata de la vieja estrategia política de ahogar poco a poco sin matar. Mientras, con el ahorro que proporciona la concertada, se hacen nuevos centros públicos.