Tras dos meses de inaceptable desafío de los clanes de narcos gitanos a las autoridades, ayer la Policía Nacional y la Policía Local, junto a operarios del Ajuntament de Palma y maquinaria pesada, asaltaron Son Banya y derribaron las fortificaciones levantadas durante este tiempo por los traficantes. Se trataba de un pulso en toda regla y de una demostración de fuerza de los delincuentes que hacen y deshacen a su antojo en aquel gueto conocido como el ‘supermercado de la droga' de Mallorca. En el operativo de ayer, que fue impecable porque no se registraron incidentes, los agentes confirmaron que en las nuevas barricadas se habían instalado al menos tres puntos de venta de drogas. En uno de ellos, los traficantes dejaron medio kilo de cocaína porque tuvieron que huir a toda velocidad. También, bajo una mesa, se encontró un fusil de asalto simulado, utilizado para partidas de airsoft, y que es idéntico a los reales.
Impacto ambiental.
Al margen de las actividades delictivas de las familias gitanas implicadas, es innegable que una acumulación tan descomunal de basura, escombros y vehículos calcinados es de un impacto ambiental tremendo, sobre todo porque a pocos metros, en las chabolas del poblado, viven niños y ancianos, que pueden enfermar debido a las condiciones higiénicosanitarias tan deplorables en las que se encuentra el poblado.
El peso de la ley.
Los narcos, que tantas y tantas familias destruyen con las adicciones que crean, deben ser conscientes de que no están fuera de la ley y que el peso de la Justicia, antes o después, caerá sobre ellos. La Policía y la Guardia Civil deben seguir asfixiando esta actividad ilegal, y los jueces tienen que ser contundentes con las condenas que se dictan. Pero pese a todo, la solución al problema de Son Banya es también social y no puede abordarse solo desde la perspectiva policial o judicial.