La Policía Local de Palma, en una brillante intervención, ha intervenido un local de Palma en el que los dueños estaban construyendo hasta una veintena de infraviviendas para ser alquiladas cada una por 630 euros. Se trataba de construcciones minúsculas, de diez cuartos por planta, sin la correspondiente licencia, y donde ya vivían familias con escasos recursos económicos. Los baños iban a ser comunes y no había ni cocina. El asunto no es baladí y demuestra que el drama de los inmuebles precarios continúa en Palma, después del caso del policía municipal que alquilaba decenas de trasteros a modo de casas a inmigrantes y familias vulnerables. En este caso, la diligencia del cuartel de San Fernando ha conseguido descubrir esta construcción, que aún no estaba finalizada, pero los investigadores sospechan que hay muchos otros desaprensivos que ya han podido construir infraviviendas en la capital y en algunos pueblos y están ganando cantidades enormes de dinero a costa de inquilinos sin recursos.
Mayor vigilancia.
El caso, además, demuestra que solo hay dos formas de combatir esta lacra: aumentando la vigilancia y los controles, y con la colaboración ciudadana. Este tipo de cuartuchos, que en ocasiones no tiene más de ocho metros cuadrados, son altamente insalubres y en caso de incendio todo el bloque se puede convertir en una auténtica ratonera, con consecuencias fatales para los residentes.
Multas contundentes.
Asimismo, es necesario que la Administración sea implacable con estos comportamientos delictivos y sancione con todo el peso de la Ley a los propietarios que están explotando a tantas familias. Sólo con multas elevadas se puede llegar a controlar una problemática que es una consecuencia directa de la crisis habitacional que está padeciendo Balears.