Unas más que tormentosas negociaciones entre PP y Vox han culminado con el acuerdo que posibilitará, mediante la abstención de la ultraderecha en la votación de investidura, que la líder de los conservadores de las Islas, Marga Prohens, sea la nueva presidenta del Govern. Y además sin que Vox cuente con representación en el Consell de Govern. Sellar el pacto en la Comunitat Autònoma no ha sido sencillo, pero deja sin respuesta el alcance real y práctico del mismo; la materialización de las condiciones programáticas a desarrollar por ambas formaciones durante la legislatura.
El centenar de puntos que delimitan el campo de acción conjunto de PP y Vox debe ser desarrollado, será entonces cuando se podrá determinar su impacto real, aunque algunos de sus epígrafes suponen un menoscabo de los avances logrados en materia de defensa del catalán en el ámbito educativo y social o en el reconocimiento de las víctimas del franquismo.
Un Govern monocolor.
El PP, y de manera muy especial su presidenta, tenía como cuestión innegociable la ausencia de Vox en el reparto de consellerias. La misma condición de Jaime Martínez en el gobierno municipal de Palma. Sin embargo, Vox ha logrado una importante contrapartida, su entrada en la gestión de los consells de Mallorca y Menorca; circunstancia que abre un escenario incierto en el futuro.
Gobernar desde el exterior.
Resulta complicado discernir si el comienzo del cuatrienio político en el ámbito local y autonómica está contaminado por las inminentes elecciones generales del 23-J, unos comicios decisivos con un resultado todavía abierto para la derecha y la izquierda española. PP y Vox están obligados a entenderse si quieren tener posibilidades de ampliar su base de poder institucional, un principio en el que ambas formaciones no hallan una fórmula para ponerla en práctica sin que rechinen los goznes.