Las cámaras de comercio de Mallorca y Menorca, junto con los Cercles d'Economia de Menorca y Mallorca, plantearon ayer a los políticos que salgan elegidos en Balears el 28 de mayo un objetivo de gran trascendencia económica: suprimir la aplicación de la directiva europea de la ‘regla de minimis' a las ayudas al transporte que perciben las empresas industriales ubicadas en el Archipiélago. En la actualidad, las ayudas de Estado que pueden recibir las industrias de Balears están limitadas, por esta norma de la Unión Europea, a únicamente 200.000 euros cada tres años. Un tope que discrimina y perjudica a las empresas del sector industrial balear, y que tiene su origen en el hecho de no ser región ultraperiférica, a diferencia de Canarias, donde no está en vigor esta restricción. Las cuatro entidades que firman esta justa reivindicación denuncian que «las limitaciones para los territorios insulares que no son ultraperiféricos perjudican gravemente al tejido productivo balear».
Extracostes que no son compensados.
El cambio de reglamento de esta directiva de la UE, que debe tramitarse este año, constituye una oportunidad para Balears al abrir la puerta para reclamar un tratamiento diferenciado porque ni somos ultraperiféricos, como Canarias, ni formamos parte del continente, pero las industrias de Balears soportan unos extracostes superiores a los que tienen las empresas del continente, lo que reduce su competitividad.
La insularidad, desventaja estructural.
La Comisión de Economía del Parlament aprobó por unanimidad, el 7 de febrero pasado, una proposición no de ley presentada por el PP, en la línea de lo que reclaman las cámaras de comercio y los Cercles d'Economia para conseguir un régimen de tratamiento específico de la ‘regla de minimis' en Balears. La insularidad es una desventaja estructural y sus sobrecostes deben ser compensados para producir y competir en igualdad de condiciones. Pero hoy las industrias de Balears están discriminadas.