La absoluta falta de interés por parte del Ajuntament de Palma para construir Viviendas de Protección Oficial (VPO) en un solar expropiado hace dos décadas en la calle del Bastió d'en Berard, en pleno barrio de sa Calatrava, es el principal argumento del fallo que obliga a su reversión a la propiedad que, además, deberá ser indemnizada con 60.000 euros. La operación se inició en el año 2002, y desde entonces la parcela –la casa inicial tuvo que ser derribada para desalojar a los okupas– ha permanecido vacía sin que se ejecutase ningún proyecto inmobiliario que debía paliar el problema de la escasez de vivienda asequible; además en una zona muy afectada por la gentrificación.
Gestión pública negligente.
El caso del solar de la calle Bastió d'en Berard es un claro ejemplo de negligencia en la gestión municipal atribuible a los gobiernos municipales de distinto signo político en Palma, más si se advierte que la propiedad inició su reclamación ante los tribunales al superarse el plazo legal para la ejecución de las obras. El pretexto de falta de financiación esgrimido por Cort carece de sentido, cinco legislaturas consecutivas sin prestar atención a esta cuestión dice mucho de la falta de empatía que los políticos tienen respecto a los problemas de los ciudadanos. Cabe insistir en que sa Calatrava es una de las barriadas más afectadas por la especulación de los inversores extranjeros, la misma que se dice querer erradicar en defensa de los residentes.
Exigir un coste político.
La actitud del Ajuntament de Palma habrá supuesto un coste total de 120.000 euros –la compra del inmueble fue de 60.000 euros– a las arcas públicas, un dinero que sale de los tributos abonados por los palmesanos y ante los que se deben rendir cuentas detalladas de lo sucedido. Tampoco es de recibo que los responsables políticos salgan indemnes de este episodio, aunque sólo sea por respeto a la dignidad de la ciudadanía.