La modificación de la ley de libertad sexual, conocida como la de ‘sólo sí es sí', ha provocado una profunda herida en la coalición gubernamental entre el PSOE y Unidas Podemos ya que el texto propuesto por los socialistas contó con el apoyo del Partido Popular; circunstancia que indignó a la formación morada, que votó en contra. Los cambios introducidos pretenden frenar el goteo de revisiones de sentencias a la baja de agresores sexuales, más de un centenar de los cuales ha logrado salir de la cárcel en aplicación de la norma original que se propuso desde el Ministerio de Igualdad que lidera Irene Montero.
El victimismo de Montero.
La iniciativa socialista tenía por objetivo frenar la enorme presión social y mediática por los llamados ‘efectos indeseados' de la ley original, auténtico mascarón de proa para Unidas Podemos como justificación de su presencia en el Gobierno. Desde el primer momento, Irene Montero se negó a realizar cambios para reconducir la situación mientras acusaba a los jueces de la interpretación sesgada de la ley. Al final, las divergencias entre los dos socios del Gobierno se han saldado con una disputa personal entre Montero, que en todo momento ha contado con el apoyo de su compañera en el Consejo de Ministros y secretaria general del partido, Ione Belarra, y el presidente Pedro Sánchez.
Sin consecuencias políticas.
Todo el proceso de la reforma de la ley del ‘sí es sí' ha estado condicionado por la inmediatez de las elecciones del 28-M, primer test para conocer los apoyos electorales de las diferentes formaciones políticas y esencial de cara al futuro de Unidas Podemos. A pesar de todo es poco probable que este choque entre los dos grupos que integran el Gobierno tenga consecuencias políticas, todo lleva camino de acabar en fuegos de artificio y declaraciones melodramáticas sin que se materialicen dimisiones. La dirección de Unidas Podemos se obstina en no querer reconocer su error, pero no actúa en consecuencia.