El paro de los letrados de la Administración de Justicia sigue sin un acuerdo con el Ministerio. Sólo en Balears, son miles las causas que han quedado paralizadas. El ciudadano, como siempre, es el principal perjudicado por una situación en la que da la impresión de que no hay voluntad de hallar una solución por ninguna de las partes. Al conflicto, por desgracia, apenas se le presta atención a pesar de los enormes perjuicios que está generando. De hecho, es ahora –con los juzgados ya colapsados– cuando el Consejo General del Poder Judicial reclama a los diferentes tribunales superiores autonómicos propuestas para minimizar el impacto.
Un colapso crónico.
Una de las razones por las que probablemente la huelga de los letrados de la Administración de Justicia esté teniendo tan escaso eco mediático es, precisamente, debido a que se limita a profundizar en el colapso sistémico de la justicia en España. Cualquier procedimiento judicial tiene como mínimo la condena previa de su retraso en la resolución definitiva, en ocasiones con independencia de la gravedad del asunto. La actitud de los funcionarios sólo acentúa el problema. Todo el aparato judicial está, en la práctica, paralizado a pesar de la enorme trascendencia social que tiene. Juicios, notificaciones, desahucios, depósitos... Todo un cúmulo de gestiones y procedimientos varados desde hace meses.
Ausencia de reacción.
No es común que un servicio público de primer orden como es el de la Administración de Justicia quede paralizado durante meses; el Ministerio parece ser el primero en no querer resolver el conflicto, entre otros motivos, debido a que tampoco hay una exigencia social en este sentido. Las críticas políticas son de muy baja intensidad y los afectados tampoco se muestran muy beligerantes. Por eso, con meses de retraso, se piden ahora las primeras propuestas desde el Consejo General del Poder Judicial.