La petición de quince ayuntamientos de la comarca del Llevant mallorquín mediante la moción que presentarán en los próximos plenos, para que la Dirección General de Tráfico traslade las pruebas para la obtención del carné de conducir a Manacor debería ser aceptada sin más dilación por el organismo estatal; los perjuicios que se ocasionan a los aspirantes de la zona no admiten reparos. Mantener Palma como única sede para la comprobación del conocimiento del Código de la Circulación y la competencia en la conducción de automóviles y motocicletas no está justificado, además de suponer un serio agravio para los afectados.
Un servicio público.
Cabe suponer que las mociones que previsiblemente se aprobarán por parte de los diferentes consistorios mallorquines golpee la conciencia de los responsables de la Dirección General de Tráfico, y no sólo en Balears; también en su cúpula dirigente de Madrid. A la hora de prestar un servicio público, como es el caso de los exámenes para la obtención del carné de conducir, la prioridad de la Administración debe ser la atención a las necesidades del ciudadano y no sólo en interés propio; da la impresión de que la descentralización está acotada a determinadas prestaciones –Agencia Tributaria, obtención del DNI, registros, ...– mientras que otras quedan desatendidas.
Dotación de medios.
Cabe presuponer que la actitud de la DGT con respecto a la comarca de Llevant no es deliberada, debe responder a la escasez de medios de que dispone para realizar el control de las pruebas. Al respecto hay que recordar que la demanda ya se realizó décadas atrás en el mismo sentido sin que se haya atendido desde entonces, una actitud imperdonable teniendo en cuenta que el permiso de conducir es, en la inmensa mayoría de los casos, una herramienta indispensable para el desarrollo familiar, laboral y económico de los ciudadanos.