Ignoramos lo que tiene entre manos la jueza que instruye el denominado ‘caso Puertos', pero sí sabemos exactamente que lleva más de dos años buscando bajo secreto de sumario pruebas que incriminen al expresidente de la Autoritat Portuària, Joan Gual, y a su equipo. Es un tiempo a todas luces excesivo desde el punto de vista procesal, porque produce la indefensión de los investigados. Las garantías de una instrucción justa se desvanecen, porque arranca la sospecha de que se escudriña más allá de los hechos que motivaron la causa. Esto es lo que alega la defensa de Joan Gual cuando se refiere a una investigación «prospectiva». La jueza, sin embargo, ya pronunció en un auto que su medida excepcional está justificada por el gran volumen de la documentación que se ha incautado.
Hartazgo
Joan Gual protagoniza hoy un hecho inusual en un investigado: habla en público, se explica. Defiende en nuestro diario sus cinco años al frente del organismo. No elude las preguntas más comprometidas, como la del supuesto interés de la presidenta Armengol por las concesiones portuarias. Se refiere también a las presiones que ejercen sobre el organismo las empresas que compiten por los amarres, y los enfrentamientos en el seno de la Junta por los intereses millonarios en juego. En el fondo de la entrevista aparece el hartazgo de quien se siente víctima y también inocente.
Vivir bajo la sospecha social
Resulta comprensible. Joan Gual no sólo perdió el trabajo cuando la presidenta Armengol le obligó a renunciar a su cargo. Desde entonces vive bajo la sospecha de que ha recibido sobornos por tomar decisiones injustas. Nadie duda de que la presunción de inocencia desaparece cuando se producen estas gravísimas acusaciones acompañadas de detenciones, que avivan el escándalo mediático. Y es aquí cuando es necesario exigir eficiencia y agilidad, pero especialmente mucha prudencia a quienes trabajan en la Administración de Justicia.