El hallazgo de centenares de notificaciones arrojadas en un torrente antes de entregarse a los destinatarios es, en primer lugar, una clara vulneración de la Ley de Protección de Datos. Se trata de comunicaciones relacionadas con avisos, facturas y todo indica que también puede haber afectado a multas, en concreto del Ajuntament de Palma. La empresa encargada de prestar el servicio, una subcontrata, sometía a tal presión a sus trabajadores que éstos acababan por arrojar las cartas para justificar las entregas, cuando el problema real era la falta de personal y desorganización de la adjudicataria. La cuestión es muy grave y pone de manifiesto una falta de celo inadmisible, y más cuando está implicada una institución pública como es el caso de Cort.
Quejas reiteradas.
Hace ya tiempo que el Ajuntament de Palma era consciente de las notables deficiencias del servicio de notificaciones que tenía contratado, un tema que se ha abordado cuando el problema ha alcanzado una dimensión inabordable. La cuestión de fondo reside en el desinterés por garantizar la eficiencia del modelo de privatización en la comunicación de las notificaciones, tarea que ha descargado a los trabajadores públicos pero que no puede acabar descontrolada como es el caso. Los perjuicios ocasionados a los ciudadanos y el resto de afectados debería merecer, en primer lugar, una disculpa por parte de los gestores municipales y, por supuesto, la adopción de medidas correctoras de los perjuicios ocasionados.
Una tutela efectiva.
Adjudicar a una empresa privada tareas que corresponden a la administración puede ser un modo de mejorar la eficacia y eficiencia de los organismos públicos, pero ello no puede suponer la descarga en la responsabilidad de su correcta ejecución. Este episodio debe ser aclarado hasta sus últimas consecuencias y, desde luego, evitar que se vuelva a repetir.