Para alcanzar un acuerdo en la negociación del próximo convenio de hostelería, la ministra de Industria, Turismo y Comercio, Reyes Maroto, propugnó este pasado viernes en Palma un «pacto de rentas y beneficios con una clara estrategia de buscar un equilibrio» que implique a empresarios y sindicatos. Una propuesta que se inscribe en la línea del pacto de rentas que reclama el Gobierno de coalición PSOE-Unidas Podemos para dar respuesta a la elevada inflación y para crear un nuevo escenario de acuerdo y entendimiento entre los agentes sociales. En la última reunión de la mesa de diálogo social, celebrada el 6 de julio, la vicepresidenta económica, Nadia Calviño, planteó un acuerdo hasta 2025 que implique una «moderación» tanto de las rentas salariales como empresariales. Desde entonces no se han producido avances significativos, aunque desde el Gobierno de Pedro Sánchez se insiste en la necesidad de cerrar este pacto de rentas.
Funcionarios y pensionistas
Es importante destacar que el 27 de julio la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, instó a patronal y sindicatos a ponerse de acuerdo en los salarios de la negociación colectiva, al mismo tiempo que planteó incluir a los funcionarios en el pacto, pero dos días después el presidente Sánchez descartó incorporar la revalorización de las pensiones, tal como reclaman la patronal CEOE y analistas privados como Fedea.
Evitar tensiones y un ‘otoño caliente'
El pacto de rentas seguirá bloqueado mientras no vuelva a reunirse, en septiembre, la mesa de diálogo social. Habrá que flexibilizar y aproximar actitudes en cuestiones que ahora están enrocadas en posturas enfrentadas, como la incorporación de cláusulas de revisión salarial, aspecto calificado de imprescindible por los sindicatos y rechazado por los empresarios. Corresponde al Gobierno concretar los contenidos del pacto de rentas, lo que implica definir las tasas de crecimiento, con el objetivo de evitar tensiones sociales y un ‘otoño caliente'.