El dato facilitado por el departamento de Carreteres del Consell de Mallorca da cuenta de la magnitud del problema. Más de setecientas toneladas de residuos acumulados junto a las carreteras de la Isla han sido retirados en el último año, en la mayoría de los casos se trataba de escombros procedentes de obras ilegales; de lo contrario se habrían depositado en los centros habilitados para su posterior tratamiento. Estos auténticos atentados medioambientales están proliferando en los últimos ejercicios, razón que obliga a perseguir hasta sus últimas consecuencias a los responsables.
Los desaprensivos.
Este tipo de comportamientos implica, además de un claro desprecio por el respeto al medio ambiente –en muchos casos se trata de escombros con materiales muy contaminantes–, un serio agravio comparativos frente a quienes sí cumplen con las normas y depositan los restos en los centros autorizados y abonan las correspondiente tasas. Estamos, pues, ante una agresión a la naturaleza y un grave incumplimiento de las normas. Bien está retirar todo este volumen de residuos, pero resulta obvio que es preciso localizar a los autores de estos vertidos para que sean sancionados; la impunidad les da alas.
Sanciones ejemplares.
Aunque sólo sea por respeto a quienes cumplen con las exigencias para el tratamiento de este tipo de vertidos, el Consell de Mallorca, junto con las policías locales y la Guardia Civil deben determinar su procedencia para poder aplicar las multas correspondientes. Como ocurre en casos similares, el efecto disuasorio que tiene el abono de las sanciones económicas está contrastado. Hay que admitir que ahora resulta demasiado fácil abandonar escombros, resto de obra, podas, basuras, ... en cualquier rincón de una carretera mallorquina. Hay que romper cuanto antes esta sensación de que nunca pasa nada.