El pleno del Parlament ha aprobado habilitar sesiones extraordinarias durante este verano –los meses de julio y septiembre– con el objetivo de tramitar y debatir siete iniciativas legislativas, que consisten en cinco proyectos de ley (Archivos, Políticas de juventud, Ciencia, Tiempo libre educativo para la infancia y la juventud, y Régimen Jurídico para actividades sujetas a autorización ambiental) y dos proposiciones de ley: Arrendamientos Urbanos y Reserva de Biosfera de Menorca, remitida por el Consell de esta isla a la Cámara autonómica. Así, habrá pleno cada martes durante estos dos meses estivales. Además, el próximo martes, el Parlament debatirá la actualización de la ley de consells insulars, que fue aprobada el 2000 y quedó desfasada tras la reforma del Estatut del 2007. Incorporará un estatuto especial para Formentera, por su doble singularidad como municipio e isla.
El Síndic de Greuges, pendiente.
Sobre la mesa hay otras cuestiones, como la reforma de la ley autonómica de Igualdad, que se desconoce si se podrá tramitar. Y cuando ya hemos entrado en el tramo final de la legislatura –en marzo del 2023, la presidenta Francina Armengol disolverá el Parlament elegido en mayo del 2019 y convocará elecciones– vuelve a quedar como asignatura pendiente la creación del Síndic de Greuges. El debate de política general y la ley de Presupuestos del 2023 marcarán la atención del último trimestre.
Regular todos los ámbitos.
Cabe preguntar si nos hallamos ante un escenario de inflación legislativa, fruto de una voluntad política de regular toda y cada una de las cuestiones, no sólo en el ámbito de las instituciones, sino de las empresas, las actividades profesionales y personales. En el imperio de la ley, hay un gran número de reglamentos en vigor que se derogan y modifican constantemente, como ha ocurrido con ley turística de Balears. Hay que legislar con sensatez y sentido común, sin caer en la redundancia.