El Banco de España desaconseja, ante la escalada de la inflación, subir las pensiones en la misma proporción que va aumentado el IPC, y, al mismo tiempo, insta al Gobierno de Pedro Sánchez a incluir a los jubilados en un pacto de rentas con trabajadores y empresarios; acuerdo que califica de necesario por el actual escenario económico. La entidad que dirige Pablo Hernández de Cos ha calculado que actualizar las pensiones en 2023 con una inflación del siete por ciento supondría, para las arcas del Estado, un coste de 12.600 millones de euros. La viabilidad y la sostenibilidad del actual sistema de pensiones en España vuelve a estar sobre la mesa, porque el nuevo mecanismo de revalorización, que se ha aplicado por primera vez este año, plantea numerosos problemas y abre interrogantes que reclaman respuestas y medidas urgentes.
Inflación galopante.
Este nuevo mecanismo se basa en el Índice de Precios al Consumo (IPC) del año anterior, que ha propiciado, para el 2022, el incremento de un 2,5 por ciento en las pensiones contributivas. Pero el encarecimiento de precios de este año abre un escenario sin precedentes, con una inflación interanual que los expertos ya han calculado que alcanzará el siete por ciento.
Jóvenes trabajadores y pensionistas.
La Unión Europea ya ha reclamado al Gobierno PSOE-Unidas Podemos una congelación de las pensiones porque incrementarlas entre un siete y un diez por ciento es inasumible para las cuentas públicas. Y porque crea una situación tan incomprensible como inaceptable: no es posible que los jóvenes, con sueldos precarios o que cobran el salario mínimo, perciban menos ingresos que los pensionistas. Jóvenes trabajadores que ven mermado su poder adquisitivo por el impuesto silencioso de la inflación, que pagan las pensiones, con cuantías superiores a sus propias nóminas. Es preciso, por tanto, que el Gobierno consiga el pacto de rentas que le está reclamando el Banco de España.