Los sindicatos y las patronales aceptaron este jueves las líneas básicas de la reforma laboral planteada por el Gobierno. Es una de las principales exigencias de la Unión Europea para poder acceder a los fondos para la modernización económica. A la vista de los acuerdos alcanzados, el consenso es quizá el aspecto más valioso, ya que el texto final se sitúa en el término medio de las diferentes exigencias y planteamientos iniciales. No cabe esperar, por tanto, una modificación radical del esquema actual, aunque se ha avanzado mucho en la simplificación normativa y en la priorización de la contratación indefinida sobre la temporal.
La negociación colectiva.
Uno de los aspectos más decisivos –uno de los caballos de batalla de las organizaciones sindicales– es la prevalencia de los convenios sectoriales sobre los de empresa. Este punto refuerza el poder de los sindicatos en las negociaciones de los grandes sectores productivos y se frena su desvirtuación en los acuerdos empresariales. Además, la reforma pactada también aborda la declaración de los ERTE, cuya declaración exigirá la consulta previa de empresarios y sindicatos.
Una victoria política.
La aceptación de las líneas generales de la reforma laboral supone una importante victoria política del Gobierno que preside Pedro Sánchez, en primer lugar, porque le permite sustituir la normativa heredada del Partido Popular; uno de los ejes centrales de la pasada campaña electoral como compromiso irrenunciable de los partidos de izquierda. Además, consolida el papel de la vicepresidenta Yolanda Díaz como lideresa. En este sentido, la también responsable de Trabajo ha logrado exhibir unas destacadas dotes de discreción y diálogo en uno de los temas más delicados a los que ha tenido que hacer frente el Gobierno en los últimos meses. Desde la equidistancia y sin provocar un estropicio, la reforma laboral está servida.