La modificación del vigente Plan Territorial de Mallorca plantea la desclasificación de hasta 700 hectáreas de terreno urbanizable, una reserva que los responsables del Consell consideran innecesaria hasta que se haya agotado el actual suelo urbano disponible. La medida, además, se completa con la práctica eliminación de todo crecimiento urbanístico o la fijación de un límite máximo del 3,2 por ciento, una formulación exigida por uno de los socios del gobierno insular –Més per Mallorca–. La propuesta, de llevarse a cabo, supone introducir severas condiciones restrictivas en el planeamiento urbanístico de los diferentes municipios mallorquines en consonancia con las exigencias de los grupos ecologistas y algunos expertos.
Apuesta polémica.
Cabe entender que los nuevos parámetros del Plan Territorial se enmarcan en los máximos de la nueva norma, toda vez que condicionará los planeamientos municipales de los próximos años; en especial de aquellos que se verán imposibilitados de ampliar sus expectativas de crecimiento. Estamos, por tanto, ante una documentación de enorme trascendencia que, casi con total seguridad, no estará exenta de polémica. Hay, sin embargo, una premisa que ya resulta ineludible de cumplir en un entorno limitado como es Mallorca: el crecimiento ilimitado no es posible. Con este punto de partida parece lógico que se traten de conjugar los diferentes intereses en una cuestión tan delicada como esta.
¿Más gentrificación?
Bloquear las opciones urbanísticas supone asumir el riesgo de favorecer la gentrificación, dejar en manos exclusivas de los más pudientes el acceso a las escasas parcelas urbanizables que queden en el territorio. Hay, en todo caso, que exigir que cualquier norma se ejecute con transparencia y ecuanimidad, sería un error que en aras de la protección el suelo sólo sea accesible para los más poderosos.