Los planes de inversión de la Conselleria de Mobilitat i Habitatge para el 2022 –que su titular, Josep Marí, explicó este jueves en el Parlament para dar cuenta de los presupuestos de su departamento– aportan un decisivo cambio cuantitativo de cara al parque de vivienda pública. En el próximo ejercicio, el Govern prevé tener en construcción hasta 800 viviendas, cifra que lo convertirá en el principal promotor inmobiliario de las Islas para acometer uno de los problemas más acuciantes de la sociedad de los últimos años. El mercado de la vivienda, tanto en propiedad como en alquiler, ha elevado los precios hasta niveles inasumibles incluso para las clases medias. La situación ha obligado a la Administración a reaccionar.
Asumir la responsabilidad.
A tenor de los planes gubernamentales, todo indica que Marí ha decidido activar la fórmula más adecuada para reconducir una situación que angustia a miles de ciudadanos: ofrecer vivienda pública en condiciones asequibles. Esta estrategia debe generar una nueva dinámica en el mercado inmobiliario balear, posibilitando que cese la actual espiral especulativa al tener un segmento de la demanda local prácticamente cautivo. La nueva oferta de la Conselleria de Mobilitat i Habitatge abre importantes expectativas para enfriar los precios de compraventa de inmuebles, muy condicionada por los avatares del turismo y la coyuntura internacional.
La fórmula más adecuada.
Ampliar el parque de vivienda pública con un modelo de acceso transparente es la respuesta más adecuada desde la Administración al clamor ciudadano, incluso más eficaz que los intentos de intervención sobre la propiedad privada. Queda mucho por hacer todavía, como mejorar la coordinación institucional de todos los recursos disponibles, pero seguro que la iniciativa privada ha tomado buena nota de la nueva política de vivienda que pondrá en marcha el Govern.