De insólito hay que calificar el hecho de que la regidora de Seguretat Ciutadana de Cort en 2016, Angélica Pastor, pidiera una reunión con los periodistas de Ultima Hora para intercambiar opiniones off the record y, una vez en el diario, su jefe de prensa grabara la conversación. Pero aún más extraño resulta que el audio, intrascendente por el contenido de lo hablado, fuera a parar al despacho del jefe de Blanqueo de la Policía Nacional, que investigaba a las órdenes del juez Penalva y del fiscal Subirán el caso de la ‘mafia policial' de Palma, Llucmajor y Calvià. Estos instructores ampliaron diligencias e iniciaron después el denominado ‘caso Cursach'. Su torpe y maliciosa instrucción los ha convertido ahora en sospechosos de cometer los delitos de detención ilegal, revelación de secretos y deslealtad profesional.
Entre la falta de ética y el delito.
Al margen de la conducta deshonesta que significa defraudar la confianza de un off the record, o delictiva, si lo que se persigue es espiar a periodistas, lo que resulta sorprendente es el interés que pusieron desde un primer momento Penalva, Subirán y los antiguos agentes de Blanqueo sobre Ultima Hora y sus periodistas. Este es uno de los capítulos todavía oscuros de la trama y que sería necesario esclarecer: ¿Qué les molestaba, o qué ocurrencias tenían, sobre nuestro diario o nuestro trabajo profesional? ¿Hasta dónde fueron capaces de llegar en sus investigaciones, amparadas por el secreto sumarial y respaldadas por todos los recursos del Estado?
Grabaciones intimidadoras.
Es necesario recordar que el propio Subirán hizo gala recientemente de haber grabado a sus propios compañeros de la Fiscalía, con la sutil amenaza de que podría desvelar esas conversaciones privadas. Sólo este hecho indica en manos de quién estuvo la investigación del ‘caso Cursach' y da una pista de por qué la grabación en Ultima Hora acabó en manos de Blanqueo.