El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) ha concluido que el acceso a las comunicaciones encriptadas de los ciudadanos sin las garantías suficientes como ocurriría con una puerta trasera es una violación del derecho al respeto de la vida privada.
Los Gobiernos pueden legislar para que las empresas de telecomunicaicones y de servicios de mensajería conserven temporalmente las comunicaciones electrónicas de los ciudadanos, para que estén disponibles en caso de requerirse como, por ejemplo, en una investigación sobre terrorismo.
Sin embargo, el acceso al contenido de dichas comunicaciones "de forma generalizada y sin garantías suficientes [...] menoscaba la esencia misma del derecho al respeto de la vida privada consagrado en el artículo 8 [del Convenio Europea de Derechos Humanos]", ha concluido este martes el TEDH sobre un caso que ha enfrentado a un usuario del servicio de mensajería Telegram con el Gobierno ruso.
Este caso se remonta a 2017, cuando las autoridades rusas requirieron a Telegram que entregara las conversaciones de seis sospechosos en un caso terrorismo. El servicio de mensajería se negó, alegando que «era técnicamente imposible» cumplir con la orden «sin crear una puerta trasera que debilitaría el mecanismo de cifrado para todos los usuarios».
Esto se debía a que los investigados habían activado la función conocida como 'Chat secreto', que habilita la encriptación de extremo a extremo, una característica que privacidad que impide que terceros ajenos a la conversación, incluida al propia Telegram, accedan al contenido de la conversación.
Un año después, el demandante, junto a una treintena de personas, impugnó la orden de divulgación ante un tribunal, como recoge la sentencia del TEDH, argumentando que el facilitar las claves de descifrado que solicitaban las autoridades rusas «permitiría descifrar las comunicaciones de todos los usuarios» y, por tanto «se vulneraría su derecho al respeto de su vida privada y de la intimidad de sus comunicaciones», ya que «tendrían la capacidad técnica para acceder a todas las comunicaciones sin la autorización judicial requerida por la ley rusa».
Aunque Rusia dejó de suscribir el Convenio en septiembre de 2022, el TEDH aceptó el caso por haber ocurrido con anterioridad.