El ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, Jesús Caldera, considera que «lo razonable es quedarnos en un porcentaje entre el 8 por ciento y el 10 por ciento de inmigrantes sobre la población total», cifra tope que tiene en cuenta las posibilidades de integración de estas personas.
En una entrevista publicada ayer por el diario «El País», Caldera añade que los inmigrantes «siguen siendo necesarios, pero llegará un momento en que se produzca una estabilización de las cifras en función de las necesidades de nuestro mercado laboral».
Según explica, a partir de la finalización del proceso de regularización que establece el Reglamento de la Ley de Extranjería, aprobado el pasado 30 de diciembre por el Gobierno, «no vamos a tolerar que se contrate a una sola persona de forma irregular».
«Quien contrate a un 'sin papeles' -afirma- se expondrá a graves sanciones y las vamos a cumplir, no cómo hasta ahora que no se cumplían». Caldera hace hincapié en que el Reglamento «ha sido consensuado por todos, empresarios, sindicatos, ONG y todas las fuerzas políticas».