El anteproyecto de reforma de la Ley de Extranjería prohibirá la entrada por un periodo de tres a diez años a aquellos inmigrantes que hayan intentado acceder de forma ilegal a España, o sea, «en los supuestos de devolución», indicó ayer el Secretario de Estado para la Inmigración, Ignacio González.
González dijo que con esta propuesta de sanción de no retorno se equipara el trato de las personas que quieren acceder por «un puesto legal» a los que lo hacen por uno no autorizado.
En el primer caso, los inmigrantes con un procedimiento de expulsión abierto tampoco podrán regresar a España por un periodo mínimo de tres años y uno máximo de diez. En ambos supuestos, los extranjeros podrán ser enviados a un centro de internamiento, previa autorización judicial.
Añadió que el texto del anteproyecto se ha enviado esta semana al Consejo de Estado para su preceptivo dictamen, que dispondrá de un máximo de quince días para emitirlo.
En función del informe, manifestó, el Gobierno «tomará la decisión que proceda a efectos de tramitación (del anteproyecto)», pero el «objetivo» es que la aprobación de la norma sea antes de acabar el próximo periodo parlamentario de sesiones.En consecuencia, «tendremos que tener en cuenta esos plazos de tramitación para ver si será una tramitación ordinaria o por vía de urgencia para encajarlo en el calendario legislativo que tienen las Cortes».
Explicó, por otro lado, que la reciente sentencia del Tribunal Constitucional que anula un artículo de la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita (de aplicarse impedía esa asistencia a los extranjeros ilegales), «no tiene incidencia» en la Ley de Extranjería, dado que contempla esa tutela judicial para todos los casos y situaciones de ciudadanos extranjeros.