Plazo presentación enmiendas Ley Internet termina día 9 de abril

EFE.
El plazo para que los distintos grupos parlamentarios presenten sus enmiendas al Proyecto de Ley de Servicios de la Sociedad de la Información y del Comercio Electrónico (la llamada «Ley de Internet») terminará el martes 9 de abril. En un principio, el texto del proyecto se iba a empezar a debatir en el Congreso el pasado 21 de marzo, pero finalmente se pospuso al ampliarse el plazo de presentación de enmiendas de totalidad, que concluye el 8 de abril, y al articulado, que expira un día más tarde. El PSOE ya ha anunciado que presentará una enmienda de devolución al texto sin presentar otro alternativo, porque considera que es ambiguo e intervencionista, ya que, por ejemplo, no define si la autoridad competente que podrá cerrar una página web es judicial o administrativa, lo que, a su juicio, da pie a la censura y al control de la Red. Los socialistas critican también que en el capítulo de las sanciones no se hace distinción entre empresas grandes y pequeñas, por lo que estas últimas se pueden ver perjudicadas. En opinión de la coordinadora de Participación y Acción Sectorial del Partido Popular, Ana Mato, esta decisión del grupo socialista es una «pataleta ridícula» y «alejada de la realidad social del país, que demanda una ley que regule Internet y dé confianza a los usuarios». Izquierda Unida y el Bloque Nacionalista Gallego también anunciaron en su día que iban a pedir la devolución del proyecto de Ley, ya que, en su opinión, el texto abre la puerta a la censura por parte de la Administración, genera inseguridad jurídica, va en contra de la libertad de expresión e información y perjudica a las pequeñas empresas. El texto alternativo que IU va a presentar es una transposición fiel de la directiva comunitaria sobre comercio electrónico y cuenta con la colaboración de los internautas que han accedido a la página web de esta coalición para mostrar sus opiniones o hacer aportaciones. IU ha llegado a dudar de la constitucionalidad del texto, que a su entender ha nacido desoyendo «deliberadamente» las opiniones expresadas por los sectores implicados, al tiempo que considera que «no garantiza la intimidad y la protección de los datos de los particulares». El BNG coincide con los argumentos expresados por el PSOE e IU y considera que el régimen sancionador que establece el proyecto de Ley es «desproporcionado y discriminatorio».