El pleno del Congreso aprobó ayer, con los votos del PP y los nacionalistas catalanes y canarios, el proyecto de Ley de Universidades, que el Gobierno envió en julio con el fin de mejorar la calidad de la enseñanza superior y de fomentar la movilidad de estudiantes y profesores. El pleno del Congreso aprobó el dictamen de la Comisión de Educación relativo al proyecto de Ley, que incluyó unas 150 enmiendas "en su mayoría propuestas por el PP y CiU" de las más de 700 que los grupos habían presentado.
Entre las enmiendas incorporadas que modifican el texto del Gobierno destacan las que eliminan la obligatoriedad de que los rectores cesen en sus cargos al entrar en vigor la ley, la que regula la presencia de los representantes del Consejo de Gobierno en los consejos sociales, y la que elimina el plazo de seis meses para que entre en vigor el sistema de habilitación de funcionarios docentes. El texto incluye además, a propuesta del PSOE, un nuevo título para abordar la creación en el futuro del espacio único europeo de la enseñanza superior.
La votación de las enmiendas y del dictamen de la Comisión se prolongó durante una hora y media y obligó a retrasar la sesión de control al Gobierno, en la que el presidente del Ejecutivo, José María Aznar, respondió al líder socialista, José Luis Rodríguez Zapatero, una pregunta sobre este asunto.
Aznar afirmó que la reforma universitaria es «necesaria y conveniente», está respaldada por los ciudadanos, y servirá para mejorar la calidad de la enseñanza ante los cambios que ha experimentado la universidad en los últimos años. Aznar respondió en estos términos al secretario general del PSOE, José Luis Rodríguez Zapatero, quien le anunció que esta reforma será «inútil» para aumentar la calidad universitaria y supondrá «un paso atrás», por lo que el PSOE la derogará cuando llegue al poder.