Del Castillo explicó en conferencia de prensa las novedades del borrador de anteproyecto de ley tras presentarlo en el Pleno del Consejo de Universidades, organismo que se denominará «Consejo de Coordinación Universitaria», según el texto, que podría llegar al Congreso en junio o julio. Entre las novedades figura, además de la supresión de la selectividad, una prueba de habilitación para ingresar en el cuerpo de profesores funcionarios; la elección por sufragio universal del rector y una agencia de acreditación.
La ministra matizó que todavía no se puede dar una fecha para la desaparición de la selectividad, y pidió «no crear confusión», ya que primero hay que aprobar la ley y después pasar por un «régimen transitorio». Este sistema «puede funcionar o no» con independencia de que la ley de calidad, prevista para otoño, instaure una «reválida», o prueba de conocimientos, al finalizar el Bachillerato, continuó la titular de Educación, quien argumentó el cambio porque en «un nuevo contexto» demográfico y «nos parece mejor dejar autonomía a las universidades». En los requisitos de acceso que establezca cada universidad para sus centros, que no tienen porqué ser siempre exámenes, se «respetarán los principios de igualdad, mérito y capacidad», y en los reglamentos posteriores se incluirán mecanismos para que los estudiantes que se consideren «perjudicados» puedan recurrir.
Del Castillo, preguntada por los problemas de aplicación y por su coincidencia con la implantación del distrito abierto, garantizó que «ningún estudiante se quedará sin plaza» y que este sistema «funcionará de forma sencilla», como en otros países. El texto propone «un modelo de selección de funcionarios que garantice la calidad, más abierto y más competitivo», y establecerá una prueba de habilitación de carácter general, con un tribunal de siete miembros elegidos por sorteo. Posteriormente, los «habilitados» podrán concursar a las universidades donde haya plaza en su área de conocimiento, aunque los centros podrán elegir entre «todos los docentes que tienen condición de titulares», es decir, también entre «el conjunto de profesores que ya ejercen».
El PSOE expresó ayer su «total desacuerdo» con la supresión de la prueba de Selectividad y la recuperación de la reválida, «porque ello no garantiza el nivel académico, sino todo lo contrario», según la portavoz de Educación en el Congreso, Amparo Valcarce. Además, añadió que esta decisión y la de «querer implantar la reválida» en el Bachillerato, significa «que el estudiante al final se encontrará con una carrera de obstáculos: la reválida y una prueba en cada facultad».