El máximo tribunal del estado de Florida aceptó estudiar el recurso presentado por Peter Raben, abogado de Martínez, que alegaba que su defendido tuvo en 1997, en Tampa, un juicio lleno de irregularidades y una defensa deficiente. Martínez, de 27 años, fue condenado a morir en la silla eléctrica por el asesinato, en 1995, del traficante de drogas Douglas Lawson y la compañera de este último, la bailarina Sherrie McCoy.
El joven, hijo de un español y una ecuatoriana, siempre ha insistido en su inocencia y en el juicio nunca se presentaron pruebas físicas contra él, sólo un vídeo incriminatorio que le grabó en secreto su ex esposa, Sloane Millian.
Como ya lo anticipó en un documento de casi 100 páginas, la Fiscalía de Tampa, en el suroeste de Florida, se opondrá a un nuevo juicio y reafirmará su creencia de que aunque se celebrara «volvería a ser condenado a muerte». Pero mucho ha cambiado desde 1997. En España se ha creado una gran campaña de solidaridad, y desde el Senado español hasta el Parlamento Europeo han pedido que se haga justicia. Incluso el Papa ha pedido clemencia.
El Movimiento contra la Intolerancia presentó ayer una campaña de movilización permanente para pedir que se anule la pena de muerte a Joaquín José Martínez.
El presidente de la organización, Esteban Ibarra, justificó la campaña no sólo para evitar la ejecución, sino también para conseguir un nuevo juicio en el que se le garantice a Joaquín José Martínez el derecho a probar su inocencia.
La campaña incluye concentraciones ante la embajada de EE UU en Madrid, ante el consulado en Barcelona y ante los ayuntamientos de San Sebastián, Sevilla, Valencia, Zaragoza, Valladolid, Gijón, Badajoz y Jerez.