El abogado defensor de Ramona Maneiro, mujer que supuestamente ayudó a morir a Ramón Sampedro, y catedrático de Derecho Penal, Miguel Bajo, afirma que es necesario modificar el artículo 10 de la Ley General de Sanidad para legalizar la eutanasia, ya que si existe un derecho a vivir debería existir un derecho a morir.
Este artículo contempla que la Ley puede actuar en contra de la voluntad del paciente siempre que exista urgencia para la salud del mismo o peligre seriamente su vida, hecho que Bajo considera absolutamente disparatado porque atenta contra la dignidad humana. A juicio de éste, la Ley debería referirse exclusivamente a supuestos de auténtico y estricto estado de necesidad.
Bajo señaló que en el ordenamiento jurídico español no se reconoce el derecho subjetivo a morir porque este implicaría la obligación del otro de proporcionar el ejercicio de ese derecho, y nadie tiene el deber de facilitar este ejercicio, aseguró. Asimismo, apunta que lo máximo que reconoce la jurisprudencia española es la libertad de obrar, lo que implica que si alguien quiere privarse de la vida la Constitución no se lo impide.
Finalmente, Bajo subrayó que por encima de la vida está la dignidad y el respeto a la voluntad de libertad, y señaló que la vida que defiende la Constitución es la deseada. Considera también que la sociedad está preparada para asumir la legalización de la eutanasia si ésta se realiza correctamente.