Los trabajadores de la residencia pública de Son Caulelles, en Marratxí, alertan de una situación laboral «límite» y de una gestión «caótica» por parte del centro, dependiente del Institut Mallorquí d’Afers Socials (IMAS). En concreto, denuncian una sobrecarga crónica de trabajo, el impago de retribuciones pactadas y una coordinación inexistente que repercute directamente en la calidad de la atención a los residentes.
La lista de deficiencias que señalan es extensa. Aseguran que hay bajas laborales de más de un mes que no se están cubriendo, «no porque falte personal disponible, sino porque directamente no se cubren». Esto deja, según explican, a una única auxiliar al frente de un módulo completo o a dos trabajadoras para atender a 20 residentes, incluso en situaciones delicadas como brotes de COVID.
Las auxiliares (TCAEs) denuncian también que la ausencia de una figura de coordinación operativa —porque la coordinadora está de baja sin sustitución— provoca que se les denieguen días libres. Además, deben estar pendientes de revisar sus nóminas y cuadrantes, porque «si no lo hacemos nos pagan mal o directamente no nos pagan bien lo trabajado».
A esta precariedad se suma la falta de otros perfiles profesionales, como celadores o camareros, lo que hace que las TCAEs acaben asumiendo tareas que no les corresponden, desde repartir comidas hasta gestionar lavandería. Esta última, explican, permanece cerrada por las tardes, con consecuencias directas: «Hay residentes sin ropa limpia o se utilizan baberos rotos que no absorben nada».
Habriaque inspeccionar todas las residencias publicas y privadas, ante el goteo de noticias negativas. Y sobretodo sancionarlas. Porque derivan en que nuestros ancianos no esten todo lo bien atendidos que debieran