Las formaciones Llibertat Llucmajor y s’Ull, en la oposición en el Ajuntament de Llucmajor, tramitaron ayer por la mañana en la Fiscalía de las Illes Balears la denuncia conjunta «con más de 30 documentos probatorios anexos, para que se investigue a la alcaldesa de Llucmajor, Xisca Lascolas Rosselló (PP), por un presunto delito de prevaricación administrativa en relación a unos pagos a la empresa concesionaria de recogida de basura, sin amparo legal, que aprobó a lo largo de este año 2025».
Los dos partidos han anunciado que además de la alcaldesa «también han sido denunciados otros concejales de su gobierno por haber votado a favor de dichos pagos pese a los informes jurídicos del Ayuntamiento que alertaban de la violación de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público».
Los portavoces de Llibertat Llucmajor, Alexandro Gaffar y s’Ull, Claudia Fallemann, comentaron que «los informes han sido reiterados y constantes desde que el año 2024 la alcaldesa anunciase que tenía intención de pagar las facturas sin amparo legal». También destacan que «los servicios jurídicos de los departamentos de Intervenció, Secretaria y Contabilitat del Ajunament de Llucmajor avisaron en sus informes de que el pago de estas facturas violan la Ley, y que las responsabilidades contables, administrativas y penales, recaerían en los concejales del Ayuntamiento que voten a favor».
Los ediles dicen que la oposición «ha avisado y ofrecido propuestas alternativas para subsanar la crisis de basuras que sufre el municipio de Llucmajor, pero la alcaldesa, optó por saltarse la Ley sin conseguir mejoras en el servicio». Llibertat Llucmajor y s’Ull entienden que «se ha cometido un presunto delito de prevaricación administrativa contemplado en el artículo 404 del Código Penal, que hace referencia al delito de prevaricación cometido por cargos públicos» y que «la alcaldesa sabía perfectamente lo que estaba haciendo, ya en 2024 estaba avisada por los funcionarios del Ayuntamiento. Eso no la ha detenido en aprobar más de 60.000€ de facturas ilegales y en el último pleno quería aprobar otros pagos que superan los 100.000€, pero no lo consiguió».
Por su parte, la alcaldesa Xisca Lascolas, no quiere hacer declaraciones sobre la denuncia pero, referente a la empresa de recogida de basura dice que «trabajamos para que subsanen las deficiencias detectadas y se están penalizando por el Ajuntament».
FelizhemerotecaNo he aterrizado en Inca, por suerte, visto lo que me cuentas...