Tal y como anunció hace unas semanas, el Ajuntament de Llucmajor ha acatado la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Balears (TSJB) que ordenaba el derribo parcial del CEIP Urbanitzacions. Esta misma semana han empezado los trabajos de derribo de una parte del edificio.
En concreto, según explicaron ayer desde el propio ayuntamiento, las tareas se iniciaron el lunes con el desmontaje de la cocina y otras instalaciones y se espera que en los próximos días entre la maquinaria pesada para iniciar la demolición parcial. Las previsiones, según la empresa encargada de la obras, es que los trabajos estén listos en 45 días, «por lo que cumpliremos con el plazo que impuso el juez», recalcan desde el propio ayuntamiento.
Cabe recordar que el TSJIB ordenó la demolición de las partes del edificio del CEIP Urbanitzacions que fueron construidas vulnerando la normativa urbanística. Es más, la sentencia dejaba claro que en caso de no ejecutarse a tiempo, el centro de infantil y primaria de Puig de Ros no podría iniciar el curso escolar en septiembre. Ante la resolución judicial, el Ajuntament licitó las obras de derribo y mejora por un importe de 1,2 millones de euros.
Pese a los trabajos actuales, el proyecto completo de reconstrucción de los espacios afectados no estará terminado en septiembre aunque el consistorio asegura que las clases podrán empezar con normalidad. La demolición afecta a espacios como la cocina, el comedor o la biblioteca, además de dos aulas.
Una vergüenza que por falta de diálogo se haya acabado en tirar dinero público para derribar parte de un colegio. El origen del problema fue la prepotencia y la soberbia de los políticos que gobernaron durante años en Llucmajor y el Govern Balear y decidieron que se podían pasar la normativa urbanística por el arco del triunfo "porque sí" (allí plantaron la semilla del problema) La estocada final, y lo que se transformó en este desastre, fue cuando el Alcalde de 2019-2023, con su concejal de educación (la actual Alcaldesa de 2023-2027) se negaron a aceptar las siguientes condiciones que el juez había autorizado a los denunciantes: - Plantar árboles alrededor del colegio (lo que da más sombra para los usuarios) - Transformar el solar abandonado de detrás del colegio en una Parque (que también reivindicaba la Asociación de Vecinos) - Hacer de sentido único un tramo de calle (lo que da mayor seguridad viaria para los usuarios) - Hacer un parking público en superficie en donde hay el parque infantil abandonado y roto (ya que este se movería al nuevo, y así los profesores y las familias podrían estacionar allí para las recogidas de los alumnos) En vez de querer destinar el dinero del derribo parcial a este tema, el Alcalde saliente y la Alcaldesa actual optaron por el "aquí nadie nos dice qué hacer" y condenar a las familias a ver como se tira el dinero público a perder parte de un colegio Vergüenza absoluta