Vecinos de granjas avícolas industriales situadas en Llucmajor y en Manacor, y de una planta de tratamiento de huevos de Porreres, todas ellas explotadas por la misma empresa, se reunieron el martes en Porreres emprender acciones legales de manera conjunta contra los perjuicios provocados por estas explotaciones de ganadería intensiva cercanas a sus viviendas. Además de los representantes de los afectados por las granjas de Manacor y de Porreres, también se sumaron portavoces de la plataforma Macrogranges no, que ha surgido en Sineu para oponerse a la construcción de una macrogranja cuatro veces mayor que la de Manacor proyectada por la misma empresa en la finca sineuera de Son Vanrell.
Esta nueva ‘coordinadora’ trabajará de manera conjunta a nivel de Mallorca para emprender acciones legales contra «la inacción de las administraciones pese las numerosas denuncias que hemos presentado y ante los incumplimientos de esta empresa; esto nos hace dudar de que existan intereses particulares para permitir que siga con su actividad pese a no cumplir con la normativa», señalan sus portavoces.
Sin embargo, en mayo de 2023, la extinta Conselleria de Medi Ambient impuso una multa de 200.000 euros a la granja de Son Perot, en Llucmajor, por no contar con la Autorización Ambiental Integrada (AAI) obligatoria para granjas con 40.000 gallinas o más pese a que la instalación avícola tenía entoces 135.696 gallinas.
Indignación
Los vecinos afectados explicaron en primera persona la problemática que viven a diario por la proximidad de sus viviendas a las granjas de gallinas: «Moscas y malos olores siete días a la semana, las 24 horas del día, el agua y el aire contaminados...no se puede explicar, hay que vivirlo». Los afectados señalan que llevan años presentando denuncias ante los ayuntamientos de Llucmajor y de Manacor, municipios donde están situadas la granjas, pero «ninguno de los dos consistorios ha hecho nada, al igual que el Govern de les Illes Balears, y todo hace pensar que hay un cierto interés en no actuar y beneficiar a la empresa», apuntan los representantes de los afectados.
Las denuncias han sido remitidas de forma paralela a la Fiscalía. «Mientras esperamos que la Fiscalía se pronuncie, la granja de Llucmajor continúa abierta con muchísimas más gallinas de las que tiene autorizadas y sin contar con la autoriación ambiental integrada, que es obligatoria, y todo ello con el consentimiento de las administraciones locales y autonómica».
En cambio, los vecinos reconocen que el Ajuntament de Porreres sí actuó tras las quejas presentadas por los vecinos por las moscas y los malos olores procedentes de la planta de tratamiento de huevos. «En Porreres se precintó la actividad de la planta, de donde emanaba un fuerte olor a huevo podrido, porque trabajaba sin la correspondiente licencia, pero el empresario no lo acata y la planta sigue trabajando sin licencia», explican.