El Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJB) ha condenado al Govern a indemnizar con 63.533.374 euros, más otros 28 en concepto de intereses, a la entidad Birdie Son Vida. Junto a la indemnización de Punta Pedrera en Eivissa, 86 millones de euros, y la de Cesgarden en Menorca, 28,8 millones, es una de las más altas jamás impuestas en la historia urbanística balear. El TSJB condena esta vez al Govern por incumplir un acuerdo que reconocía la calificación de suelo urbano de los terrenos de Muleta II de Sóller. Este incumplimiento impidió el aprovechamiento urbanístico de 33.959 metros cuadrados. Así lo dicta la Sala Contenciosa Administrativa del TSJB en un auto que dio a conocer este lunes en un comunicado. El tribunal estima el incidente de «imposibilidad de ejecución» promovido por Birdie Son Vida por el incumplimiento de un acuerdo transaccional con el Govern, en el que se reconocía la calificación de suelo urbano, en vez de rústico, de los terrenos de Muleta II del Port de Sóller.
Este auto, contra el que cabe recurso de reposición, es un nuevo episodio del enfrentamiento judicial entre la sociedad del promotor Matthias Kühn y el Govern a consecuencia de la protección de estos terrenos. El litigio se remonta a 2010 cuando Birdie Son Vida SL lo interpuso por la «desestimación presunta de la reclamación de responsabilidad patrimonial interpuesta contra el Govern a consecuencia de la aprobación de la Ley 4/2008, de 14 de mayo». Mediante esta ley el Govern desclasificó la urbanización, que pasó a ser suelo rústico protegido. Sin embargo, durante la tramitación del recurso entró en vigor un decreto que facultaba el retorno de los terrenos a urbanos, reforzado por otra ley aprobada en junio de 2012.
De acuerdo con esta última normativa, los peritos judiciales señalaron que los terrenos cumplían con todos los requisitos para ser nuevamente urbanos por lo que, en julio de 2013, Birdie Son Vida y el Govern comunicaron a la sala de lo Contencioso del TSJIB haber llegado a un acuerdo transaccional al quedar el pleito sin objeto. El Ajuntament de Sóller debía volver a recalificar como urbanos los solares, pero no lo hizo al entender que el acuerdo entre el promotor y el Govern era ajeno a su competencia urbanística.
En 2016, el Govern suspendió su recalificación como suelo urbano y en 2017 los terrenos volvieron a ser rústicos. El Tribunal explica que el Decreto del Govern de 2016 que suspendió la ley que facultaba el reconocimiento de suelo urbano, supuso un incumplimiento del acuerdo transaccional y dictamina que Birdie Son Vida tiene derecho a ser indemnizada con 63.533.374 euros, más los intereses desde mayo de 2009. En total, 91,5 millones de euros. Una cifra que sitúa esta indemnización en, probablemente, la más alta fijada jamás en Balears por cuestiones de índole urbanística.
El apunte
El Govern recurrirá
El Govern ha confirmado que recurrirá la condena de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJIB) por el incumplimiento de un acuerdo transaccional con la entidad Birdie Son Vida en el que reconocía la calificación de suelo urbano de los terrenos de Muleta II de Sóller.