Pedro J. Ramírez se queda sin piscina, terraza y embarcadero en la Costa dels Pins. La Audiencia Nacional ha revocado la prórroga concedida por el Ministerio en 2014 para que ocupara el dominio público terrestre con la controvertida piscina y admite el recurso impulsado por Jaume Sastre. La sentencia considera que la Administración no ha justificado ningún motivo para permitir el uso exclusivo del dominio público marítimo terrestre y sentencia: «Hay razones de interés público para denegar la prórroga de la concesión y acordar el desmantelamiento de las obras, única forma en la que queda garantizado el disfrute del dominio público para su libre utilización por todas las personas».
La resolución valora que el espacio marítimo terrestre sólo puede ser ocupado de manera excepcional y razonada por la administración para usos que sólo se puedan desarrollar ahí. Además de esa falta de justificación, critica que «desde el primer momento» el Ministerio permitiera la ocupación a cambio de que la piscina «estuviera abierta al uso y disfrute del público». Con todo, la resolución puede ser atacada ante el Tribunal Supremo y luego debe ser ejecutada.
Jaume Sastre, denunciante de la concesión de la piscina a Pedro J. Ramírez, señalaba ayer que «si una persona tiene razón no debe dudar de llegar hasta el final». «Es una victoria, no definitiva, porque todavía pueden recurrir ante el Supremo, pero nosotros hemos persistido porque estamos convencidos que tenemos razón».
En el mismo sentido se expresaba su abogado, Josep de Luis. «Se trata de un pulso que durante 17 años ha sabido mantener Jaume Sastre. Nos alegra, pero como hemos visto en algunas victorias anteriores el sistema se las acaba ingeniando para justificar lo injustificable».
Sastre recuerda que la batalla judicial se inició en 2004 cuando junto a un notario acudió a la piscina de la Costa dels Pins para levantar acta. «En su momento –apunta el activista–, el Supremo nos dio la razón al considerar que la piscina de Pedro J. tenía uso público pero el tribunal no entró en el fondo del asunto», explica. De Luis asegura que «desde el primer momento creo que la gente sensata vio que aquello era una vergüenza. Más cuando veíamos a los ministros que tapaban a Pedro J. Han sido 17 años de lucha contra la Abogacía del Estado y la victoria actual es fruto de la pertinaz insistencia de Jaume Sastre».
Por otra parte, el exdiputado de ERC Joan Puig mostró su alegría en un tuit dirigido a Jaume Sastre. «Muy contento. Persistir siempre para acabar ganando. Ha servido para derrotar a uno de los grandes poderes españoles, Pedro J. Ramírez».
LAS MEDIDAS:
El intento de acceder a la piscina fue uno de los actos más mediáticos
En agosto de 2005, distintos activistas de la Isla, acompañados por el entonces diputado Joan Puig (ERC), accedieron a la piscina. Allí fueron agredidos y expulsados por los equipos de seguridad de la propiedad. Un año después, la playa de sa Marjal acogió una manifestación contra el uso privado de la piscina pública.
El ministro Jaume Matas autorizó la concesión en el año 2001
En el año 2001, el entonces ministro Jaume Matas fue el que firmó la orden ministerial que autorizaba la ocupación de los 350 metros cuadrados de suelo público a Pedro J. Fue un documento de concesión de dominio público que nunca se llegó a publicar en el BOE. Después, en 2014 y 2016, se volvieron a dar concesiones.
Uso de la piscina por parte de los escolares de Son Servera
En el año 2006, con la ministra Cristina Narbona, se aprobó el plan gestor de la piscina presentado por Pedro J. Ramírez. De esta manera, consiguió el uso privativo de la piscina. A cambio durante unos meses y unas horas, los escolares de Son Servera podían utilizar la instalación. La propuesta nunca se llevó a cabo.
Y si la destinan al uso público quien la va a limpiar ahí en el quinto pino, si la piscina es ilegal se quita y punto