El adelanto del toque de queda a las 22 horas y la prohibición de hacer uso del interior de los bares son las medidas más duras que afrontan los vecinos de sa Pobla, donde han aumentado de manera alarmante los contagios de COVID-19.
La desesperanza se adivinaba este sábado en las calles del pueblo, al observar los rostros emboscados detrás de las mascarillas. «Me lo veía venir. No era normal la aglomeración de personas de las últimas semanas», afirmaba Rosa Forteza. Su zapatería está en la misma Plaça Major, pero el aspecto del local era desangelado en una mañana muy fría y lluviosa, que ya de por sí habría frenado a los clientes. «No se tendría que haber esperado tanto a poner algunas medidas. Ahora me espero que la Navidad sea peor aún», se lamentaba Rosa con un gesto de resignación ante su establecimiento vacío.
Prácticamente en los mismos términos se expresaban Pilar y otras dos señoras llamadas Maria. Las tres vecinas comentaban la situación en una de las calles peatonales semidesérticas. «Era previsible, pero no sabemos si será la solución». Pilar aventuraba: «Si los resultados de las pruebas que se inician mañana (por hoy) son malos, estoy segura de que nos confinarán y cerrarán el pueblo».
La plaza, que cualquier sábado por la mañana, incluso con mal tiempo, bulle de actividad, estaba casi vacía. Solo algunos, bien abrigados, tomaban un café en alguna de las terrazas. Era el caso de Abderrahim Oudrassi, presidente en Mallorca de la Fundación Euroáfrica y colaborador de este periódico. Estaba acompañado de Miguel Piñol, director general de Comercio del Govern, y Francesca Mir, regidora de Bienestar Social del pueblo. Juntos repartieron este sábado 1.000 mascarillas entre 50 pequeños comercios de sa Pobla, en una iniciativa de la Fundación. Esta entidad de ámbito nacional, que promueve las relaciones sociales y culturales entre Europa y África, ya ha llevado a cabo acciones similares en todas las zonas que han registrado una alta incidencia de casos.
Piñol aprovechó además para trasladar a los comerciantes de la localidad las medidas previstas por el Govern para ayudar a los sectores más castigados a causa de las restricciones. Entre estas destaca la prioridad para facilitar las ayudas que recogen los presupuestos de 2021. Los destinatarios son los empresarios de aquellos comercios situados en zonas donde se han adoptado las medidas más duras, como Manacor o ahora sa Pobla.
En ello estaba Piñol cuando tocó el turno del célebre bar Ca sa Miss. Allí, su dueño, Jaume, explicó cómo se sentía: «Estamos frustrados y enfadados. La restauración ha hecho esfuerzos constantes durante todo este tiempo, pero las medidas se orientan a restringir la actividad en el sector. Es injusto». Pese a la oposición, Piñol tendía puentes. Jaume insistía: «Espero que las autoridades se esfuercen en transmitir que sa Pobla es un pueblo seguro cuando todo esto pase».
Algunos vecinos hacían tertulia en sa Picada, otro bar próximo. Juan Antonio, el dueño, expresaba su disconformidad con las medidas: «No es la mejor manera de hacer las cosas. Nos dejan sin clientes. La gente se va a merendar a otros pueblos». También reconocía su miedo a la situación después de las pruebas masivas. Remataba su opinión con un rotundo «todo esto es una gilipollez».
Los contagios y el Govern han situado a sa Pobla en el centro de atención de la pandemia. Las medidas restrictivas intentan frenar la expansión de un virus que se ha convertido en la mayor piedra en el zapato que hubiéramos podido imaginar.