Acuerdo histórico para el urbanismo en Puigpunyent. El Ajuntament ha conseguido parar una urbanización de cerca de medio centenar de viviendas a las faldas del Galatzó, en un terreno natural en plena Serra de Tramuntana, y ha ganado casi 15.000 metros cuadrados de espacio público verde. Es el fruto del acuerdo entre el equipo de gobierno socialista y los propietarios de la unidad de actuación 8 (UA-8), ubicada entre la iglesia parroquial y el torrente de sa Riera. El convenio se aprobó en un pleno extraordinario con los votos del PSOE, la abstención del edil del PP y los votos en contra de los tres regidores de Independents per Puigpunyent i Galilea.
El alcalde Antoni Marí, explicó este martes que «protegemos el patrimonio, protegemos el medio ambiente y conseguimos un gran espacio público».
La polémica ha perseguido esta urbanización ya que su ejecución supondría un desarrollo urbanístico insostenible al no contar con los suficientes recursos hídricos para garantizar el suministro a las nuevas viviendas.
En el mes de agosto de 2019 el Ajuntament suspendió licencias en esta unidad de actuación durante doce meses con el objetivo de redefinir el crecimiento urbanístico de Puigpunyent. Cumplido el plazo, este verano, el equipo de gobierno se han reunido con los propietarios y ha llegado a un acuerdo. La unidad de actuación tiene una superficie total de 16.733 metros cuadrados: de éstos, 908 metros cuadrados son propiedad de la Església Parroquial; 1.000 metros cuadrados quedarán disponibles para la construcción de un máximo de cinco viviendas en la calle Sa Taulera y el resto (14.825) serán de propiedad pública.
El acuerdo no ha recibido el apoyo de los Independents por el impacto. Alegan que «el Ajuntament ha propuesto la construcción de un bloque de viviendas para sustituir la unidad de actuación por una barrera de hormigón que supondrá que, desde la carretera, se vea un bloque de 60 metros de largo por 10 de alto».
El GOB alegó problemas para garantizar el suministro del agua
El GOB, a principios de año, pidió la desclasificación de estos terrenos alegando los «serios problemas del municipio para garantizar el suministro del agua para consumo humano». También apelaron a que «se agravaría el problema de aparcamiento del pueblo».