Un representante de los empresarios y trabajadores afectados por la decisión del Govern de prohibir la actividad de las marinas secas en su ubicación actual (la mayoría de ellas en parcelas rústicas situadas a lo largo de la carretera que conduce al Port d'Andratx) intervino ayer en pleno del Consell de Mallorca. El objetivo: que la institución insular presidida por Catalina Cladera haga valer sus competencias frente a la administración autonómica, a la que acusan de «atentar contra las competencias propias del mismo Consell y de los ayuntamientos».
El representante legal de los afectados, solicitó a Cladera que permita a los municipios (como Andratx) cuyo suelo rústico está protegido en su práctica totalidad, poder regularizar y ordenar actividades como la de almacenamiento, custodia, mantenimiento y reparación de embarcaciones, y acabar así con la «clandestinidad» en la que viven la mayoría, precisamente por no tener suelo o polígono donde ubicarse o establecerse. «No les quepa la menor duda de que saldremos todos beneficiados, las administraciones recaudarán más impuestos, dotarán a estas empresas y autónomos de seguridad jurídica y el medio ambiente se lo agradecerá, puesto que el caos finalizará y el orden se instalará», concluyó el representante de los afectados, no sin antes recordar a la presidenta del
Consell de que tras la actividad de las marinas secas «está el pan de muchas familias».
La intervención de los afectados por la prohibición de las marinas secas vía decreto del Govern (una semana después de que el mismo Govern rubricara otro decreto que las autorizaba) llega después de una reunión en el Ajuntament d'Andratx con los partidos que integran el equipo de gobierno municipal (PI, Més y PSOE) y los de la oposición (PP, Cs y Podemos). Un encuentro que desde el grupo de afectados tildan de «caótico». «Fue un espectáculo, un mitin político». Asimismo, acusan al equipo de gobierno de no dar soluciones concretas y limitarse a «tirar balones fuera. Esto cuando no discutían entre ellos y se lanzaban reproches mutuamente. Salimos como entramos. Sin nada claro», añaden fuentes presenciales consultadas.
«Es una necesidad social»
El colectivo de afectados por la prohibición de las marinas secas en suelo rústico protegido (en Andratx el 85 por ciento lo es y el 15 restante no ofrece las garantías orográficas necesarias para desarrollar la actividad de forma segura) lamentan que los representantes del ayuntamiento se hayan tomado la problemática como un tema político, «cuando se trata de una necesidad social».
«Tras casi cuatro horas de reunión no sacamos nada en claro, no volveremos a hablar con ellos», aseguran los representantes de los empresarios y trabajadores, dando así por rotas las relaciones con la Administración local andritxola. De momento, fían su futuro al Consell.