En virtud del pacto de gobierno municipal suscrito hace un año entre PI, Més y PSOE, el veterano dirigente de Més y antes del PSM Joan Manera se convertirá al fin en alcalde de Andratx a finales del mes de junio. Sin embargo, los problemas empiezan a acumulársele incluso antes de tomar posesión del cargo en sustitución de actual alcaldesa Katia Rouarch (PI).
La Asociación de Afectados por Actividad en Suelo Rústico de Mallorca (AASUMURA), con sede en Andratx, anuncia que boicotearán la toma de posesión del futuro alcalde ecosoberanista en protesta a la decisión del Govern –auspiciada por la presión de la dirección, los diputados y los consellers de Més– de volver a prohibir los depósitos de hibernación y mantenimiento de embarcaciones (popularmente conocidos como marinas secas) en suelo rústico, una semana después que el mismo Ejecutivo autonómico aprobase un decreto que, como medida de reactivación económica tras las crisis sanitaria del coronavirus, autorizaba instalaciones destinadas a la construcción, reparación, almacenamiento y mantenimiento de embarcaciones en áreas rurales de interés paisajístico (ARIP) en aquellos municipios con más de un 90 por ciento de su suelo rústico protegido bajo esta figura.
Si el artículo 6 del decreto del Govern 8/2020, aprobado la semana pasada, autorizaba las marinas secas en zonas ARIP no boscosas, una disposición adicional del decreto 9/2020 aprobado el lunes a instancias de Més borra de un plumaje le mencionado artículos 6 del decreto anterior y sólo permite instalar en ese tipo de suelo rústico ‘puntos verdes' como el que tiene el Ajuntament d'Andratx, de forma irregular, en la carretera del Port d'Andratx, justo a lado de las marinas secas de cuya actividad subsisten varios centenares de vecinos del municipio.
Reunión
En una reunión de junta directiva de AASUMURA, celebrada el lunes tarde en el Club de Vela del Port d'Andratx, la asociación de afectados acordó manifestarse durante el pleno de investidura de Manera. No obstante, el encuentro, al que también asistieron el arquitecto Jaime Martínez y el letrado David Salvà, sirvió para fijar una ‘hoja ruta' consistente en tres puntos. El primero, solicitar una reunión con los portavoces de los tres partidos que conforman el gobierno municipal para proponer una solución técnica a la problemática que imposibilita la continuidad de la actividad de las marinas secas. Esta solución pasa por la reactivación del proyecto de polígono de servicios que dé cabida a las instalaciones prohibidas en rústico por el último decreto del Govern. En segundo lugar, los afectados acudirán de nuevo al Consell de Mallorca para conseguir algún tipo de excepción urbanística que permita el desarrollo de la actividad de las marinas secas en zona ARIP no boscosa como las que hasta día de hoy han acogido estas instalaciones.
Finalmente, AASUMURA acordó impugnar el último decreto del Govern ante el Tribunal Superior de Justicia de Balears (TSJB).
Según fuentes de la asociación, el estado de crispación y el enfado es alto. «No escatimaremos esfuerzos para hacerlo visible», advierten. Asimismo, se sienten engañados por Més y PSOE, que en el pleno del Ajuntament d'Andratx dicen una cosa y «en el Govern dicen otra». Pero, sobre todo, su malestar radica en la marcha atrás a un decreto que daba la oportunidad de regular una actividad que viene desarrollándose en suelo rústico desde hace 40 años y por la que ya se habían concretado condiciones para su continuidad, tales como el retranqueo de las instalaciones con respecto a la carretera, la instalación de barreras vegetales que oculten su visión desde la vía, el uso de colores acordes con el entorno y minimicen el impacto estético o el uso de energías renovables.