Los grupos ecologistas GOB y Terraferida han denunciado a la Conselleria de Medio Ambiente, Agricultura y Pesca ante la Comisión Europea por «la destrucción de los hábitat naturales» en el torrente de na Borges, calificado como Zona de Especial Conservación (ZEC).
Las entidades remitieron la pasada semana un escrito de denuncia a la Dirección General de Medio Ambiente de la Comisión Europea, informando sobre la actuación promovida por la Conselleria en el torrent de na Borges, que supuso «el arrasamiento y destrucción de los hábitats naturales a lo largo de más de 15 kilómetros de zona protegida», han informado este martes en un comunicado.
Tras las fuertes lluvias de octubre de 2018 en la zona del levante de Mallorca, la Conselleria promovió con carácter de urgencia varias actuaciones en torrentes con el objetivo de reparar los daños y restaurarlos ambientalmente, amparándose en el decreto-ley 2/2018, con el que también se dispusieron medidas de ayuda a los afectados.
Pero, según las entidades, aquel episodio de lluvias no afectó a la cuenca del torrent de na Borges, donde no se produjo avenida ni desbordamiento.
De hecho, el decreto-ley no prevé la intervención en los municipios de Petra y Santa Margalida, por donde discurre buena parte del torrente, donde «no hubo ningún tipo de emergencia, ni ningún riesgo ambiental a subsanar, ni ninguna afectación negativa ambiental o social que justificase ni la urgencia ni la necesidad de la actuación».
El GOB y Terraferida consideran que la Conselleria «utilizó la herramienta del decreto-ley para poder intervenir, bajo su paraguas legal, en el torrent de na Borges y así evitar la realización de la correspondiente evaluación previa de impacto ambiental de las obras».
El torrent de na Borges, el más largo de Mallorca, discurre en sus últimos 15 kilómetros por dentro del ZEC ES5310029-Na Borges. Esta zona protegida forma parte de la red europea Natura 2000, y está amparada por la Directiva 92/43/CEE.
Según las entidades, los proyectos que se lleven a cabo en este área, que no tengan que ver con la gestión conservacionista del espacio protegido, deben ser previamente evaluados en sus repercusiones ambientales y especialmente en la afectación a los hábitats naturales que motivaron la protección.
En el caso del arrasamiento del lecho y los márgenes del torrente de na Borges, la Conselleria de Medio Ambiente «obvió su obligación de evaluación previa del impacto de las obras, por lo que incumplió con las obligaciones establecidas en la Directiva europea», opinan el GOB y Terraferida.
Han informado de lo ocurrido a las autoridades de la Comisión Europea, instándolas a actuar ante este incumplimiento. Las entidades han tildado de «inaceptable que la propia administración utilice argucias para evitar las normas cuando impulsa sus proyectos».