A más de uno le puede parecer el mundo al revés, pero lo cierto es que el rector de Pollença, Xisco Vicens Gomila, no tiene ninguna duda. La iglesia de Montision no es una propiedad eclesiástica como la mayoría pensaba, sino que se trata de un inmueble de titularidad municipal y así se lo advirtió al Obispado hace ya un año. El Obispado ya ha rectificado su inmatriculación, de modo que el Ajuntament puede proceder a registrarla a su nombre.
Vicens descubrió a su llegada a Pollença, escarbando en los archivos de la parroquia, que el Obispado había inmatriculado erróneamente no solo la iglesia de Montision, sino también todo el conjunto de Sant Jordi, cuando hay una parte del conjunto que es municipal. También se ha rectificado.
Para entender la situación de Montision hay que remontarse a la expulsión de los jesuitas en tiempos de Carlos III. La Corona se incautó de los bienes de la Iglesia. Algunos de estos bienes revirtieron a las administraciones y, en el caso de Montision de Pollença, el edificio se cedió al Ajuntament para abrir allí un hospicio que nunca llegó a funcionar.
El momento coincidió con la construcción de la parroquia de Nuestra Señora de los Ángeles, a la que se trasladó todo el mobiliario de Montision. El templo entró en una progresiva situación de abandono hasta que a finales del XIX Miquel Costa i Llobera y el ecónomo Cifre reclamaron su cuidado, molestos porque se hacían bailes en su interior. Explica el rector que «el Ajuntament cedió entonces el uso a la parroquia mientras hubiera culto, pero no la propiedad».
Los Teatinos sí compraron la trasera de Can Sionet, que da a la calle Creus y que sí es de propiedad eclesiástica.
En cuanto a Sant Jordi, el Obispado también ha rectificado. En este caso el templo y la parte que da a la calle Sion son de titularidad eclesiástica, mientras que el tramo que hay de la escalera para alante es municipal.
El alcalde Miquel Àngel March agradeció ayer el gesto del rector Vicens a la vez que confirmó que continúan trabajando en la redacción de un convenio que regule el uso de espacios compartidos, entre ellos Santo Domingo.